El subsidio universal a la gasolina y el diésel costó $363.3 millones, el 85% de los fondos de las medidas anunciadas en marzo y abril de 2022 para atenuar la inflación. Cada dueño de carro particular y pick-up se ahorró en promedio $255 entre abril y septiembre, según una investigación de la Universidad Francisco Gavidia y Voz Pública. A los vehículos nuevos y de año reciente se les apoyó con un cantidad equivalente al del programa de alimentación escolar. La generosa ayuda contrasta con la tibia respuesta a los 528,700 hogares en pobreza en un año en que los alimentos aumentaron como nunca antes desde los 90.
Cada vez que José llenaba el tanque de su Toyota 4runner pagaba un poco más de $80. En julio de 2022, con el precio del diésel por las nubes, el Gobierno le regalaba los $35 restantes gracias al subsidio al combustible. Utiliza su pick-up del año 2018 para el trabajo y el uso personal. Por su condición económica, José no necesitaba esa ayuda, podía pagar el diésel al valor de mercado sin problemas. Un modelo como el suyo cuesta hoy unos $60,000.
Para ese mes, el precio de los alimentos cumplía ya un año de alzas ininterrumpidas. La libra de frijol rojo costaba un 26% más; el maicillo o sorgo había subido un 125% y el maíz era un 75% más caro que en julio de 2021, según el Ministerio de Agricultura. Con ese panorama no sorprendían las conclusiones del BID en su estudio Seguridad alimentaria en Centroamérica, Panamá, República Dominicana, México y Haití, publicado un poco después. “Los datos al mes de septiembre indican en su mayoría un deterioro en la situación de la seguridad alimentaria para el 2022”, decía sobre El Salvador.
El Gobierno concentró su estrategia y los recursos para atenuar los efectos de la inflación en un subsidio general al combustible. Marginó, en cambio, las acciones dirigidas a frenar el alza en los alimentos, el sector de mayor impacto para el bolsillo, en especial para los más vulnerables. Bajo esa lógica, en abril, estableció un precio fijo al galón, asumió la diferencia con el valor del mercado y además suspendió los impuestos Contrans y FEFE.
Una investigación de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) y Voz Pública revela detalles de los $363.3 millones gastados en abaratar el combustible. El estudio se centró en los carros particulares y pick-ups, y abarcó el primer semestre de ese beneficio, entre abril y septiembre. Se tomó como referencia el parque vehicular existente al último mes.
Cada conductor se benefició en promedio con $255 en el periodo analizado. Solo en julio, el mes con el combustible más caro, el ahorro llegó a los $78.7 por vehículo. El subsidio fue universal: Lo recibió José y su Toyota, los dueños de cada uno de los 627 Porsches registrados en el país y, por supuesto, el propietario del “picachito” que vive de hacer viajes.
En el estudio se identificaron 128,425 carros particulares y pick-ups fabricados entre 2016 y 2022, nuevos y de año reciente. El Gobierno gastó $32.7 millones para garantizarles combustible más barato a sus dueños por seis meses. Muy probablemente, no necesitaban el subsidio. En ese grupo, que representa el 14% del parque vehicular (920,395), no incluía a algunos de los 826 autos de siete marcas de lujo como la ya mencionada.
El economista Carlos Acevedo se refería al tema en septiembre pasado. “Tal y como está diseñado, cualquiera que llegue a la bomba echa combustible subsidiado, así sea un Ferrari o un Maserati, eso es un error. Calculo que fácilmente ha de haber 200,000 o 300,000 vehículos buenos, recientes en el país, cuyos propietarios no creo que tengan ningún problema para pagar el combustible a precio de mercado”.
Aún así, la ayuda se concentró en los 430,000 hogares “afortunados” de poseer al menos un vehículo, familias urbanas y de clase media y alta en su mayoría. La cifra representa el 21.63% de los casi 2 millones de familias que hay en el país, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2022, publicada recientemente.
Apoyo desigual
El Gobierno gastó más de un millón de dólares al día en abaratar el combustible cuando el epicentro de la inflación eran los alimentos, el rubro que más aumentaba de precio y ponía en una situación límite a las economías familiares. “¿En qué beneficia eso (subsidio) a los hogares de menores ingresos en términos de reducir el costo de la canasta básica? En nada. Es un derroche de recursos”, decía el expresidente del Banco Central de Reserva.
En el primer reportaje titulado Bukele abandona a los pobres se evidencia la ausencia de un apoyo a los más vulnerables en 2022: apenas se entregaron canastas de alimentos u otras ayudas directas y se descuidaron como nunca antes los programas sociales. La pobreza extrema alcanzó ese año al doble de los hogares que había en 2019.
De hecho, solo el subsidio a los dueños de vehículos nuevos y recientes -$32.7 millones en los primeros seis meses- superó la inversión anual destinada a los dos únicos programas de alivio a la pobreza -la pensión para los adultos mayores y los bonos de salud y educación para las madres-. A mediados de 2023, el Gobierno aún les debe parte de las retribuciones del año anterior. También, supera los $32 millones destinados al refrigerio escolar de más de un millón de estudiantes cada año.
Con esa décima parte del gasto total en el subsidio también se podrían haber armado 3.2 millones de canastas de alimentos de $10 cada una. Una cantidad suficiente para atender los 170,400 hogares en pobreza extrema con una canasta mensual durante el año pasado y el primer semestre del actual. La misma EHPM cifra en 528,700 las familias en pobreza. Para esos hogares hubiera alcanzado un paquete alimentario cada dos meses solo con el dinero gastado en subsidiar a los dueños de carros nuevos.
El Gobierno benefició directamente a uno de cada cinco hogares en el país, aquellos con vehículo propio y, por tanto, no precisamente pobres. Una simple división de los millones gastados en ese subsidio entre los hogares en pobreza hubiese permitido invertir unos 685 dólares por cada uno. Una cantidad suficiente para transformar las condiciones de vida de miles de personas. Por ejemplo, el acceso al agua potable todavía es una necesidad insatisfecha para 150,000 hogares rurales. Y qué decir de los 258,000 que viven sobre un piso de tierra y los 161,000 entre paredes de lámina metálica, por citar otros casos de condiciones asociadas a la pobreza, según la información de la encuesta mencionada.
Alimentos caros
Los efectos derivados de la pandemia de la covid-19 y la guerra en Ucrania dispararon la inflación en muchos países del mundo en 2022. El Salvador cerró el índice general en 7.32% y el rubro de los alimentos en el 12.4%, valores no registrados desde mediados de los 90. “A partir de 2021 se ve el incremento pronunciado en la inflación en materia de alimentos. Desde abril (2022), los alimentos están encareciendo a ritmo de dos dígitos cada mes. Eso representa una gran desmejora en el acceso de las personas trabajadoras a los alimentos”, explica Saira Barrera, economista de la Universidad Centroamericana “José Simeon Cañas” (UCA). Los primeros cuatros meses de 2023, ya sin medidas de alivio, los alimentos mantuvieron su racha alcista arriba del 10%. A junio, la inflación se mantenía en 6.93%.
Barrera pone el acento en atención a los más vulnerables. “En materia alimentaria, que es donde vemos la cuestión más dramática, no se ve claro que se esté tomando con la misma urgencia, que se le esté dedicando la misma cantidad de recursos que para otros temas”.
En marzo de 2022, un mes antes del anuncio de las medidas para contener la inflación, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) lanzaba una serie de recomendaciones para enfrentar la situación que concretaba en esta frase: “Focalizar los recursos en los más pobres, recortando gasto ineficaz”.
Entre las principales estaban la focalización de los subsidios en las personas más vulnerables y con mayores necesidades, reducir y recortar los subsidios generalizados que llegan a quienes pueden pagarlos, crear un fondo de ahorro para financiar transferencias focalizadas y evaluar compras anticipadas de granos básicos para tener una reserva estratégica. El Gobierno, como se sabe hoy, no solo no hizo eso sino que optó por el camino contrario: subsidios generalizados al combustible y gas, y cero medidas de atención directa a los más pobres.
En 2023, otro estudio del BID llamaba a revisar esas políticas de subsidio al combustible desde un punto de vista ambiental. Titulado “Política fiscal para la resiliencia y la descarbonización: aportes al diálogo de políticas”, recuerda que los países de la región han suscrito los objetivos del Acuerdo de París, encaminados a estabilizar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados. El informe indica que lograr la reducción de emisiones necesarias exige cambios sin precedentes en sectores como la energía y el transporte. Entre las acciones prioritarias que menciona está la siguiente: revisar las políticas de subsidios a los combustibles fósiles en áreas en las que son necesarias reformas orientadas a la racionalización y/o eliminación progresiva de los mismos.
Apoyo de la UFG
Para esta investigación, Voz Pública se auxilió en el trabajo de varias dependencias de la UFG. En la III Encuesta de Humor Social y Político: Postverdad y Sistema de Creencias, presentada en la primera semana de febrero, se incorporó la pregunta que permitiera conocer el gasto semanal en gasolina y diésel. En general, el monto osciló entre los $33 y $36. Con ese dato se pudo calcular el subsidio recibido.
A esa estadística se sumó la información correspondiente al parque vehicular a septiembre pasado, segregada por tipo de vehículo, año de fabricación, entre otros, solicitada al Viceministerio de Transporte (VMT). Al Ministerio de Economía se pidió el gasto en subsidio al combustible por mes y el correspondiente a los impuestos suspendidos de manera temporal. El precio de los combustibles estaba disponible en la web y en las redes sociales de esa institución.
El Gobierno mantuvo un precio fijo el galón de combustible desde abril hasta diciembre. La suspensión del Cotrans y el FEFE terminó en septiembre. Ambas medidas se incluyen en el subsidio calculado.
Los investigadores Franklin Argueta y James Humberstone Morales del Centro de Modelaje Matemático “Carlos Castillo Chávez” de la UFG procesaron esa data. “El trabajo está bastante apegado a la realidad. Tenemos datos oficiales por una parte y otros, como los de la encuesta, tienen un nivel de confianza del 95%”, apuntó Morales en referencia al estudio.
Al subsidio al combustible se destinaron $363.3 millones de los $428.8 millones invertidos en las tres medidas anunciadas en marzo y abril de 2022, en concreto en las tres cuantificables. Al subsidio universal al gas se fueron $47.5 millones y los restantes $18 millones se destinaron en la eliminación de los impuestos a la importación de un grupo de alimentos. Del total, 85 de cada $100 se dirigieron al alivio del bolsillo de los conductores.
Esa data no toma en cuenta el subsidio al gas focalizado, una medida que se implementa desde 2011, y cuyo subsidio mensual de ocho dólares se fijó en febrero de 2021, más de un año antes de las medidas. Su costo fue $105.5 millones. Tampoco se incluye el programa de paquetes agrícolas, otra medida anual que se otorga año con año. Sí las tomó en cuenta el estudio del BID sobre seguridad alimentaria para concluir que El Salvador invirtió en medidas para contener la inflación el equivale al 1.6% de su PIB, el porcentaje de gasto en la región analizada por detrás de México y Honduras.
Nota de la redacción: A junio de 2023, el precio de los alimentos cumple 24 meses de aumento de manera consecutiva salvo abril de 2023 (-0.1%). La inflación acumulada en 2021 fue 8%; en 2022, 12.2% y en el primer semestre del año llega a 6.9%. Este indicador mide la variación de 71 productos mes a mes.
Otra medición es la canasta básica que se circunscribe a una veintena de los alimentos más esenciales. En el campo, esa canasta básica de alimentos aumentó $41 entre 2021 y junio de 2023. A modo comparativo, en los 15 años anteriores, entre 2006 y 2021, lo había hecho en $47. La canasta urbana mantuvo un aumento similar.
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar al Periodismo Regional de América Latina (CAPIR), liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR)
