Seis miembros de una misma familia están por cumplir cinco meses detenidos en el marco del régimen de excepción. José es el mayor de ellos, tiene 66 años y está enfermo del corazón. Afuera han quedado 11 niños y niñas con muchas necesidades. Evelyn, una de las hijas de José, brinda los detalles de esta historia.
«La justicia es igual a la serpiente, solo muerde a los que están descalzos»
Monseñor Óscar Romero
Lunes, 23 de mayo. Balbina se despide de su esposo con un beso. Falta como una hora para que amanezca y una llovizna acompaña los primeros pasos de los cuatro hombres y un niño de 9 años. El camino de tierra conduce a la finca de café donde trabajan. El agua empieza a deslizarse sobre sus cuerpos cuando se cruzan con un grupo de policías. Sin mediar palabra, los agentes les ordenan pararse y los registran. En sus mochilas solo encuentran tortillas y unos huevos duros, la comida de ese día. Poco después, se los llevan detenidos.
José Sandoval, de 66 años, cuestiona esa decisión. La respuesta que recibe es corta y contundente: tienen la autorización de arrestar al que consideren sospechoso. Con el ajetreo y la tensión del momento, José cae desmayado. Hace tiempo le diagnosticaron un problema del corazón. No le han puesto el marcapasos que necesita porque la familia aún no ha reunido el dinero para comprarlo. En esas condiciones es trasladado hasta la Unidad de Salud de Tacuba, en Ahuachapán.
El agente al mando no cambia de opinión. No tiene piedad, tampoco le importa la presunción de inocencia ni los derechos humanos. En un día, tal vez dos, José y los otros tres adultos, de la misma familia y de apellido Sandoval, estarán repartidos en dos centros penales. Y sin saber la razón.
La “cacería” del lunes no ha terminado. Al niño, su nieto, le ordenan que regrese a su casa con las cinco mochilas. Entre lágrimas y gritos le cuenta a Elsa, su mamá, y a su tía Balbina lo que acaba de suceder. Elsa sale en busca de su padre y los demás familiares para tratar de mediar con los agentes.
Ella trabaja en un centro del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y tiene cierto conocimiento de leyes y derechos humanos. Con esas armas pide explicaciones a los agentes. En algún momento, se molestan y se la llevan detenida también. A todos ellos se les acusa de pertenecer a las pandillas o de colaborar con estos grupos.
Dos semanas después, unos policías regresan a esa zona y, sin dar explicaciones, se llevan también a Deysi, hermana de Elsa. Estaba cocinando cuando irrumpieron en su casa.
Una vida en pobreza
Quien cuenta esta tragedia es Evelyn Sandoval, otra hija de José, domiciliada en San Salvador. Con los escasos recursos de que dispone y con la ayuda de su compañero de vida se hace cargo de sus seis familiares repartidos en tres centros penitenciarios: dos en el penal Izalco, dos en Apanteos y dos en Mariona.
Para llegar a la comunidad donde vive hay que recorrer un par de kilómetros de una calle de tierra y cráteres, una odisea para cualquier vehículo especialmente cuando llueve. La casa de Evelyn tiene el piso de tierra y las paredes de adobe y lámina. No cuenta con una pila y el agua potable tienen que ir a traerla. Unas condiciones que recuerdan a cada momento a su Tacuba natal, en Ahuachapán, el departamento con mayor porcentaje de pobres en el país, de acuerdo con la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM).
Los últimos cinco meses han sido un calvario para ella. Con la detención de sus familiares divide sus escasos recursos entre sus hijos y la compra de paquetes para sus parientes encerrados. Cada uno, en realidad cada medio paquete que logra completar, cuesta $150 y lleva un poco de comida, medicinas, productos de higiene y ropa.
Cuando puede, ayuda también a los 11 niños que han quedado huérfanos de padre o de madre, y que están en manos de otros familiares. Todo con un trabajo a medio tiempo y el apoyo de su compañero, que se dedica al transporte de mercancías.
“Hacen que les pasemos paquetes cada mes y nosotros, con la esperanza de que se los den, vendemos lo poquito que tenemos de valor y los compramos. Pero salen unos presos y dicen que en unas partes les pasan y en otros no. Por lo menos nos dijeran si de verdad los reciben y si no mejor les damos esa comida a los niños que han dejado huérfanos allá afuera”, explica sobre la falta de información de las personas detenidas en el estado de excepción en vigor desde finales de marzo pasado.
Zaira Navas, jefa jurídica de la organización Cristosal, comenta que el gobierno debe crear políticas públicas compensatorias a las aplicadas en el régimen de excepción. “Estos niños tendrían que estar sujetos a algún programa que tuvo que haber sido pensado antes para garantizar que tengan derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, al cuidado y al afecto”.
Evelyn narra cómo su hija, en reacción a lo sucedido con el abuelo, rechaza la tablet entregada a los estudiantes por el Ministerio de Educación. “Mamá, dígale al señor presidente que le devuelvo mi tablet si me regresa a mi abuelo”, cuenta Evelyn que le ha dicho su hija. “Para qué me dio esta tablet si me ha quitado a mi abuelo”, insiste.
Esperanza perdida
Evelyn no niega que puso sus esperanzas de un país más seguro en el régimen de excepción. “Cuando comenzó el régimen, yo dije: va a cambiar la situación, vamos a poder trabajar libremente, mi hermana por fin va a descansar. Yo pensé que, de verdad, era un cambio, pero no”, relata.
Su hermana estuvo a punto de morir a manos de los mareros a inicios de año. Estaba comprando con su hijo en el cantón donde vive cuando un pandillero la interceptó en el camino. Le amenazó con matarla si no abandonara la finca donde vivía. Elsa se negó y le dijo a su hijo que se fuera a la casa.
“La tuvo como tres horas así hasta que llegó otro muchacho (compañero de ellos) y le quitó la pistola. Ella regresó a la casa llorando y ya no salía a ningún lado. Le habían cortado el espíritu”, describe sobre la violencia de las pandillas en la zona.
Con buena parte de su familia encerrada, se arrepiente de haber votado por Nayib Bukele. “Yo pensé que él iba a hacer el cambio en El Salvador y fue lo peor de El Salvador”, sentencia.
Zaira Navas: La mayoría de las detenciones es arbitraria
La cantidad de personas encarceladas en el régimen de excepción desde que entró en vigencia el 27 de marzo supera las 55,000, según el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, en una entrevista el 17 de octubre.
Siete organizaciones han registrado más de 4,000 denuncias de abusos cometidos en ese periodo.En la mayoría de los casos se trata de detenciones arbitrarias.
Zaira Navas, jefa jurídica de Cristosal, institución que vela por la defensa de los derechos humanos, asegura que la mayoría de las detenciones es de carácter arbitrario. Explica que es una práctica sistemática del gobierno al violar principios, derechos y garantías constitucionales debido a que no son detenciones en flagrancia ni hay una investigación previa en la mayoría de casos.
En ese periodo también se registraron al menos 80 muertes ocurridas en centros penales. Las causas de muerte de algunas personas, según Cristosal, se debieron a golpes y enfermedades crónicas no atendidas.
Las organizaciones de derechos humanos que registran las denuncias de abusos mencionadas son las siguientes: Amate, Cristosal, Azul Originario (AZO), Servicio Social Pasionista (SSPAS), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca).
