El proyecto de reubicación del Laboratorio Central “Dr. Max Bloch”, contiguo al Hospital Nacional Rosales, apenas avanzó en los primeros seis meses de los 12 establecidos en el contrato firmado entre el Ministerio de Salud y la empresa mexicana CAABSA SA de CV. La constructora es la misma que realizó la ampliación de la terminal del Aeropuerto Internacional de El Salvador, una obra con serios cuestionamientos de la Corte de Cuentas y una demanda en el Juzgado Segundo de lo Laboral de San Salvador. El plan del nuevo hospital Rosales incluye la demolición del edificio donde está el Laboratorio y levantar una torre médica para la hospitalización de pacientes en ese espacio.
A punto de cumplirse los tres años de gestión del presidente Nayib Bukele, el Ministerio de Salud no puede mostrar un solo ladrillo colocado en el proyecto del nuevo hospital Rosales. El ministro Francisco Alabí evita referirse al asunto en las entrevistas a las que asiste. La última vez que lo hizo fue en febrero pasado para reaccionar a la anulación del proceso de contratación de la empresa encargada de diseñar y construir el edificio (torre médica) de la consulta externa y hospital de día en el predio del exhospital de Maternidad. No dio explicaciones de la suspensión del proyecto, el que iba más avanzado hasta entonces de los que integran la modernización del nosocomio centenario.
A ese handicap se suma el atraso en el plan para el traslado y la reubicación del Laboratorio Nacional de Salud Pública, también conocido como Laboratorio Central “Dr. Max Bloch”. Contempla la demolición del edificio y la construcción de una segunda torre médica para la hospitalización de los pacientes.
La empresa CAABSA SA de CV ganó la licitación Reubicación, Adecuación y Traslado del Laboratorio Nacional de Salud Pública de El Salvador por un poco más de 11 millones de dólares. Los trabajos iniciaron el 14 de octubre de 2021 y el periodo de ejecución es de 360 días. En los primeros cinco meses, el avance era un 1.7%, según una resolución enviada el 14 de marzo por la Oficina de Información y Respuesta (OIR) del Ministerio de Salud. Curiosamente, una publicación del Ministerio de Salud, con fecha de 25 de abril, cuarenta días después, informa de un avance real del 1.65%, levemente inferior al del mes anterior. Por lo tanto, consumido la mitad del tiempo de ejecución, el avance es prácticamente inexistente y el plazo contractual se antoja difícil de cumplir.
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/minsal/executing_works/6692
La constructora de origen mexicano fue la única que participó en ese concurso público. La supervisión del proyecto quedó a cargo de la firma CONSULTA SA de CV, contratada por un monto de 350,000 dólares.
Voz Pública contactó varias veces a las dos empresas por teléfono para solicitar una entrevista con el fin de conocer los motivos del atraso en la obra. También se les fue a visitar a sus respectivas oficinas. Ambas respondieron con evasivas, sin interés por hablar del asunto. De igual manera, se contactó al encargado de comunicaciones del Ministerio de Salud. Se le mandó un correo para solicitarle una entrevista como había pedido, pero no respondió.
Este medio digital conversó con un par de vigilantes en la entrada del Laboratorio Central, quienes descartaron cualquier tipo de obra en el lugar y se limitaron a decir que se realizaban algunos trabajos de mantenimiento.
En la visita a los edificios donde funciona el Instituto Nacional de Salud, detrás del estadio Cuscatlán, y donde se instalará el Laboratorio, un trabajador de la constructora CAABSA SA de CV confirmó que la labor de readecuación de las áreas iba con atraso.
Una fuente del Ministerio de Salud, que pidió no ser identificada, describió así el avance. «Las adecuaciones están en marcha. Han roto algunas paredes y están haciendo algunas instalaciones para albergar los equipos de laboratorio. Hasta que no estén listas no se puede pasar el personal ni trasladar el equipo del edificio Max Bloch», afirmó.
Como el nombre de la licitación indica, el proyecto consiste en el traslado del Laboratorio nacional, ubicado en el edificio Max Bloch, contiguo al hospital Rosales, hacia el inmueble del Instituto Nacional de Salud, con sede en la urbanización Lomas de Altamira, cerca del estadio Cuscatlán, en San Salvador. Además, la empresa tiene que acondicionar y adecuar las instalaciones de los edificios C y D donde operarán los equipos y el personal del laboratorio especializado en vigilancia en cuatro campos: salud, salud y medioambiente, alimentos y toxicología, y áreas de apoyo.
El Ministerio de Salud compró esos edificios a la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová por un monto de 8.2 millones de dólares en 2017 durante la administración de la ministra Violeta Menjívar.
El proyecto se financia con fondos provenientes de un contrato de canje de deuda entre el Gobierno de El Salvador y el Banco de Desarrollo Alemán (kfW). Alemania condona el pago de cuotas de capital e intereses adeudados en préstamos incluidos en el canje para el periodo 2019 a 2021.
Con esta inversión se busca contar con una infraestructura tecnológica y científica segura que permita mejorar la capacidad del Ministerio de Salud en lo relativo a las pruebas y análisis de laboratorio. Este esfuerzo es importante, según el comunicado emitido por Salud en febrero de 2019 cuando se firmó el contrato, porque contribuirá a la lucha por la erradicación de enfermedades como la malaria, la transmisión materno-infantil del VIH y el sarampión, entre otras.
Edificio representa un riesgo
La infraestructura que alberga el Laboratorio Central “Dr. Max Bloch” está en una situación de riesgo, según un informe publicado por el Ministerio de Salud en 2017. “No cuenta con un diseño sismorresistente y su ubicación dentro de un enjambre de fallas sísmicas activas lo convierten en un riesgo, ya que podría colapsar si ocurre un terremoto de magnitudes de moderadas a altas”, reseña el estudio.
Una vez realizado el traslado, el Ministerio de Salud planea la demolición del edificio y construir una torre médica de hospitalización de pacientes como parte del plan de modernización del hospital. Así lo recogía una información publicada en 2018 en el portal de Salud que fue eliminada posteriormente. En una solicitud de información de julio de 2021, Salud confirmó también que ese proyecto siempre se llevaría a cabo si bien no había una fecha para la demolición del edificio.
El exviceministro de Salud, Eduardo Espinoza, confirma también el objetivo de construir ahí una parte de la infraestructura del nuevo Rosales y no se explica el atraso existente. «Todas estas adecuaciones debieron hacerse en los primeros seis meses de la administración de Nayib Bukele», sentencia.
Una empresa cuestionada
La constructora CAABSA SA de CV ganó una licitación millonaria con el Ministerio de Salud apenas un año después de que concluyese la obra de ampliación de la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, contratada por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).
Ese proyecto fue adjudicado a la constructora mexicana en 2018 por casi 38 millones de dólares para un plazo de ejecución de 435 días, contados a partir del 2 de mayo de ese año, cuando se dio la orden de inicio. La realidad es que esa obra concluyó 21 meses después de lo previsto, en febrero de 2022. La inversión llegó a los 56 millones, casi 18 millones más, según el discurso pronunciado por el presidente Nayib Bukele durante la inauguración.
En un examen especial a la CEPA sobre esa licitación correspondiente a los años 2018 y 2019, la Dirección de Auditoría de la Corte de Cuentas de la República hizo 15 observaciones a la empresa mexicana. El examen fue publicado en marzo de 2022. Entre los principales hallazgos está el pago en concepto de anticipo por el 25% del total, es decir, un total de $9.4 millones a pesar de que la empresa no siguió el proceso establecido en las bases de licitación. El contratista no presentó una solicitud y un plan de inversión del anticipo ni los documentos necesarios para recibir ese adelanto de dinero.
Además, la constructora fue demandada por el Sindicato de Unión de Trabajadores de la Construcción (SUTC) ante la Dirección General del Ministerio de Trabajo por una serie de problemas laborales durante la construcción de la terminal.
Freddys Vasquez, miembro de ese sindicato, dijo a Voz Pública que en agosto de 2020 se presentaron en la obra del aeropuerto a raíz de las denuncias recibidas. “Por la pandemia, viene la empresa y sin ningún procedimiento legal reduce los salarios a los trabajadores en un 45%, a todos”, aseguró.
En el documento de la audiencia conciliatoria, en la cual no se llegó a ningún acuerdo según confirmó el Ministerio de Trabajo, se enumeran las siete demandas sindicales. El sindicato exige el pago inmediato de los complementos salariales adeudados a los empleados entre marzo y septiembre de 2020, periodo en el que la empresa recortó el 45% de los salarios de los trabajadores. También, demanda el reintegro de las retenciones y descuentos de la renta realizada al salario de los trabajadores ya que no fueron entregados a sus destinatarios, al ser despedidos por la empresa. Además, pide el pago de las horas extras adeudadas a cada trabajador, por laborar quincenas en vez de catorcenas.
Voz Pública consultó al Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC), oficina de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), sobre si es legal la participación de una empresa en una licitación pública con una causa abierta en un juzgado.
Básicamente, tener un juicio laboral pendiente no es impedimento, se indicó desde ALAC, haciéndose eco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) y su reglamento. En concreto, el artículo 25 de la Ley, en el apartado (a), impide la participación de una empresa siempre que haya sido condenada con anterioridad mediante sentencia en firme por una serie de delitos que especifica.
En el caso del examen de auditoría de la Corte de Cuentas hay que recordar que se publicó en marzo de 2022, cuando la empresa ya había ganado la licitación pública del Ministerio de Salud.
Principales hallazgos de la Corte de Cuentas
La CEPA pagó $9,470.289 (25% del monto total) a la empresa CAABSA SA de CV en concepto de anticipo para la ejecución del proyecto «Ampliación de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, Etapa 1».
1. Ese pago se efectuó fuera del plazo establecido en los documentos contractuales.
2. La CEPA no retuvo de ese pago $1,894.057.85 correspondiente al 20% del impuesto sobre la renta, establecido en el Código Tributario, para un contribuyente tipificado tributariamente como no domiciliados
3. CAABSA SA de CV ejecutó el Plan de Inversión de Anticipo de Proyecto de manera irregular:
. $3,351,978 en gastos en rubros no autorizados por la CEPA
. $3,667.874 en gastos sin respaldo.
4. Planillas de personal sin firmas. CEPA pagó $2,102,686 por avance de obra. La empresa presentó copias de recibos para justificar los pagos en vez de las planillas firmadas por el personal de campo como correspondía por ley.
