Las abogadas Zaira Navas y Angélica Rivas analizan el fenómeno de la creciente violencia contra la mujer en un nuevo pódcast de la serie Voces desde la realidad. Insisten en llenar el “vacío histórico” de la falta de educación integral en la sexualidad para reducir la violencia sexual. Castigar a los agresores, es decir, atender la impunidad existente es todavía una asignatura pendiente, así como las campañas de prevención y atención a las víctimas.
Las agresiones sexuales contra las mujeres, en especial menores de edad, siguen en aumento cada año, de acuerdo con los datos de la Fiscalía General de la República. De enero a septiembre de 2021, registra 5,359 denuncias de las que el 71% corresponden a niñas y jóvenes de hasta 17 años.
Esa institución recibió 14 denuncias de violencia sexual contra menores en ese periodo de 2021 con meses pico como junio donde los casos registrados llegaron a 590, prácticamente 20 diarios. Las cifras contrastan con los menos de seis casos al día de un año inusual por la pandemia como 2020. También superan claramente las poco más de 12 denuncias de 2019, el año más violento contra la mujer del segundo quinquenio de la década pasada.
Analizar las causas de la violencia contra la mujer, cualquiera que sea, es el objetivo del pódcast Violencia invisible, el sexto de la serie Voces desde la realidad, elaborado por Voz Pública.
Zaira Navas, abogada de derechos humanos, recuerda que El Salvador, como el resto de los países de la región, tiene una historia patriarcal desde su origen que se relaciona estrechamente con la violencia contra la mujer. “El uso del poder ha estado siempre en manos de los hombres, eso ha determinado relaciones desiguales, un dominio y un desarrollo mayor de los hombres por sobre las mujeres”, apunta Navas.
La suma de esa cultura patriarcal y las relaciones de poder, añade la abogada, han llevado a la “violencia extrema hacia la mujer” a lo largo de los años.
Angélica Rivas, abogada de la Colectiva Feminista, lamenta la falta de educación integral en la sexualidad, una deuda histórica que recae en la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación. “Tienen una gran responsabilidad de cómo educamos a nuestros niños, niñas y adolescentes, para que se conozcan, sepan cuando están siendo agredidos y puedan hablar, decir me está pasando esto, para eso es la educación, no para otra cosa”, expresa.
Una y otra especialista se refieren a la naturalización de la violencia por parte de la sociedad. En otras palabras, se ve como algo normal a muchachas de 13 ó 14 años acompañadas con hombres de 40 ó 50 años. “Nos alarmamos cuando una agresión sexual termina en embarazo porque podemos ver la estadística, pero hay un subregistro muy importante de agresiones que suceden en las comunidades de las que no se sabe nada porque las niñas y sus familias están siendo amenazadas por sus agresores”, revela Rivas.
Reducir esa impunidad, esa falta de acceso a la justicia de las víctimas pasa, en palabras de Navas, por fortalecer las capacidades de investigación en los territorios y por que existan programas de atención a las víctimas de la violencia contra la mujer, hasta hoy inexistentes.
“Tenemos que ver el tema de los feminicidios y cómo trabajar no solamente para prevenirlos, que esto hay que trabajarlo y muy fuerte, y una vez sucedió al feminicidio ver cómo resarcir a la familia, cómo trabajar con los hijos y las hijas que se quedan huérfanas, con el núcleo familiar”, añade Rivas en ese punto.
Las desapariciones de mujeres que terminan en feminicidios vienen antecedidas de violencia sexual, indica Navas, una problemática para la que tampoco hay campañas de prevención.
De nuevo en este delito, las menores de edad son las principales víctimas. Una de cada dos mujeres desaparecidas son niñas y adolescentes.
