El legislador William Soriano justificó el recorte al impuesto al whisky, ginebra y otros licores aprobado por los diputados de Nuevas ideas y otros afines a finales de febrero, a la vez que rechazó la reducción al IVA para los alimentos de la canasta básica en el programa A lo guanaco, que se emite en YouTube. Voz Pública verificó ese y otros contenidos relacionados con seguridad y educación, encontrándose afirmaciones falsas y engañosas en siete afirmaciones verificadas. Esta información se contrastó con datos oficiales de El Salvador y otros países, y se consultó a varios economistas.
Diputado:
«Ellos son lo más populista que existe, porque los areneros ya tuvieron 20 años para bajarle a cero a la canasta básica. Es más, ellos le pusieron el IVA a la canasta básica (…)».
Engañoso
El diputado descalifica la propuesta de reducir el IVA a la canasta básica argumentando que los gobiernos anteriores no lo hicieron. Esta narrativa es engañosa porque utiliza el pasado para evadir la responsabilidad sobre la crisis de inflación que se gestó a partir de 2020.
El funcionario ignora que esta medida nace de un incremento histórico en el precio de los alimentos entre los años 2020 y 2023. Durante este periodo, la canasta básica sufrió aumentos significativos: En la zona urbana, los precios subieron un 12.7% en 2022 y un 9.1% en 2023. En la zona rural, el golpe fue aún más fuerte, con alzas del 16.3% y 10.5% respectivamente. En general, la inflación en el rubro de los alimentos fue del 8% (2020), 12.2% (2021) y 4% (2022).
En estos años se registraron las mayores alzas en el precio de los alimentos desde 2001, año desde que el Banco Central de Reserva (BCR) publica el comportamiento de la canasta básica alimentaria.
El IVA es un impuesto de carácter regresivo, calificado de «injusto» porque los hogares de menores ingresos destinan casi la totalidad de su dinero al consumo básico, pagando IVA por todo lo que compran. En cambio, los sectores con más recursos ahorran o invierten una parte de sus ingresos, pagando proporcionalmente menos impuestos.
A diferencia de El Salvador, países como México y Chile mantienen tasas de IVA generales más altas (16 y 19%, respectivamente), pero aplican exenciones o tasas reducidas a rubros esenciales como alimentos, medicinas y educación para proteger a las familias más pobres.
Economistas como Carlos Acevedo indican que, aunque la idea de quitar el IVA suena lógica, tiene riesgos fiscales. Plantea que la recomendación técnica suele ser mantener el impuesto, pero compensar a los más vulnerables mediante subsidios focalizados o transferencias monetarias.
Aunque el diputado enfila sus baterías contra el partido Arena, también Vamos ha presentado propuestas en ese sentido.
El impuesto al valor agregado se introdujo en El Salvador en 1992 durante el gobierno de Alfredo Cristiani del partido Arena con una tasa del 10%. Sustituía a un tributo anterior, de timbres fiscales. En 1995, en la administración de Calderón Sol, la tasa aumentó al 13%.
Sobre si este partido puso el IVA a la canasta básica en concreto, Acevedo responde que sí porque, hasta entonces, los productos agrícolas estaban exonerados por la presión de las gremiales del sector.
Diputado:
«Hoy quieren salir de campeones proponiendo algo que fiscalmente no es posible (…) Lo que la oposición realmente quiere es desfinanciar al gobierno del presidente».
Engañoso
Para hacer cambios a un impuesto, basta un reforma legal, como las presentadas por los partidos de oposición en los últimos años. De implementarse, sí tendría un impacto en la recaudación financiera que es, probablemente, a lo que el diputado se refiere. No es una barrera técnica, es una decisión política.
Ni el diputado ni el Ministerio de Hacienda han hecho públicos estudios del impacto financiero para los escenarios de reducir o eliminar el IVA para la veintena de alimentos de la canasta básica. Tampoco las fracciones de oposición que han presentado iniciativas en distintos momentos (Vamos y Arena).
A falta de informes oficiales, Carlos Acevedo proyecta de manera preliminar entre los $200 y $300 millones el impacto por el impuesto que grava bienes y servicios.
Según el cierre fiscal de 2025, el IVA aportó $3,815 millones lo que representó el 48.6% de los ingresos totales.
Aunque desde el gobierno y Nuevas Ideas se ha venido rechazando cualquier recorte de impuestos, en abril de 2022, la Asamblea suspendió dos impuestos -Cotrans y FEFE- y fijó el precio del combustible con el objetivo de frenar el alza en el precio de los alimentos. Esta medida costó $363.3 millones en los meses que estuvieron activas.
Si se suman las otros dos medidas de alivio más importantes adoptadas ese año, el subsidio universal al gas y la eliminación de aranceles a la importación a más de 20 alimentos, la inversión alcanzó los $428.8 millones. Sin embargo, el costo de la canasta básica no se contuvo, registrando alzas del 12.7% en la zona urbana y 16.3% en la rural. Lo que sugiere que el subsidio a los combustibles tuvo una incidencia marginal en los precios de los alimentos.
Por otra parte, el 7 de marzo entró en vigor la reforma a la Ley reguladora de la producción y comercialización del alcohol y de las bebidas alcohólicas, que había sido aprobada el 24 de febrero. En concreto, el impuesto bajó de 16 a 9 centavos de dólar para el whisky con grado alcohólico volumétrico superior a 60%, ginebra y otra partida de licores. También, de 16 a 5 centavos en la categoría de “otros” en whisky. El impuesto al contenido alcohólico abarca tanto a las bebidas producidas en el país como a las importadas.
En conclusión, hay ejemplos recientes y no tanto de reformas tributarias votadas por el partido Nuevas Ideas.
Diputado:
«Han ideado un plan para desfinanciar al gobierno del presidente. ¿Qué es lo que hizo el presidente cuando la gente decía, «Miren, se está poniendo más cara eh las verduras, los alimentos? Creamos el sistema de mercados de agromercados».
Falso
El diputado afirma que los agromercados fueron la respuesta inmediata a la crisis de precios de los alimentos. Sin embargo, los datos demuestran que esta medida fue tardía, marginal y todavía hoy tiene un alcance limitado para la población.
Mientras la inflación de los alimentos ya golpeaba fuerte en 2021 (8%) y 2022 (12.2%), el Gobierno no comenzó a implementar los agromercados sino hasta febrero de 2023 cuando anunció los primeros nueve. Para entonces, la canasta básica ya había subido un 14% promedio en 2022.
El número de puntos de venta ha ido en aumento cada año: 16 en 2023, 55 en 2024 y hasta los 61 establecimientos todo el país en 2025. Sin embargo, su impacto sigue siendo bajo en el ámbito nacional.
La encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA, publicada a inicios de año, muestra que el costo de la canasta básica aumentó para el 68.1% de salvadoreños y que un 58.2% se vio obligado a dejar de comprar productos por ese motivo.
Los agromercados tampoco alivian el bolsillo de la mayoría de los salvadoreños, como dice esa encuesta en una publicación de inicios de 2025: Casi la mitad de la población (46.3%) nunca ha ido a un agromercado y solo una de cada cuatro personas asiste con regularidad.
Diputado:
«Nuevas Ideas quitó los impuestos que había puesto el FMLN a la seguridad y telecomunicaciones, y le dio seguridad a la gente».
Falso
La eliminación del tributo fue una orden judicial y no una decisión del gobierno. El diputado se refiere a la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana (CESC), un cargo del 5% que se aplicaba a los servicios de telecomunicaciones, dispositivos tecnológicos y accesorios.
La ley fue aprobada en octubre de 2015 y tenía una vigencia de cinco años. La Sala de lo Constitucional la declaró inconstitucional en octubre de 2020 cuando estaba por vencerse el periodo y dejó de aplicarse el año entrante. Los fondos de esta contribución se destinaban a financiar labores de seguridad.
El gobierno mantuvo el impuesto en su primer presupuesto en 2020 y prueba de ello es que recaudó $42.8 millones hasta que se dejó de cobrarlo por decisión judicial.
Diputado:
«¿Por qué no pueden votar por la seguridad de la gente (régimen de excepción)? ¿Qué los amarra? ¿Qué los ata? Lo que todos sabemos, los votos de los familiares de las pandillas, que es lo único que ellos pueden optar en este momento en El Salvador».
Falso
El diputado sostiene que la oposición no apoya las prórrogas del régimen de excepción porque depende de un supuesto «voto de los familiares de pandillas». Esta afirmación carece de evidencia y más bien busca descalificar las críticas sobre el Estado de derecho y los derechos humanos en El Salvador.
Al etiquetar a cualquier opositor como “defensor de pandillas”, el discurso oficialista busca simplificar el debate y minimizar los argumentos de los partidos opositores que votan en contra o se abstienen en las prórrogas del régimen de excepción.
Los diputados de Arena y Vamos, quienes han razonado su voto en las sesiones legislativas, denuncian violaciones a los derechos humanos, principalmente, capturas arbitrarias de personas sin vínculos con estructuras criminales. También, critican el debilitamiento institucional, es decir, la falta de controles y garantías procesales.
Como dijo la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, en una de tantas discusiones sobre el régimen de excepción: “Que los inocentes sean libres tanto de la violencia de las pandillas, como (…) de los abusos y de las arbitrariedades del Estado”. (min. 27).
Organizaciones de derechos humanos han corroborado estas denuncias en informes como «El silencio no es opción» de la organización Cristosal, donde se detallan abusos cometidos como maltratos y violencia física contra los detenidos.
Entrevistador:
«La ministra ha venido demostrando una capacidad increíble, al punto que yo reto a cualquier opositor que me diga un país donde un niño vaya siempre con sus zapatos nuevos a la escuela. Creo que no existe en Latinoamérica un país que todos los estudiantes de escuela vayan con zapatos nuevos. Creo en El Salvador hasta el niño más pobre va con zapatos nuevos (…)».
Falso
El entrevistador sugiere que la entrega de zapatos a los estudiantes es un programa de la gestión actual y que es único en América Latina. Sin embargo, el programa de dotación de uniformes y zapatos escolares inició en 2010 durante el primer gobierno del FMLN. Presenta como un hito reciente un beneficio que los estudiantes vienen recibiendo desde hace 17 años.
Tampoco es cierto que sea un modelo único en la región aunque son pocos los países que lo tienen total o de manera parcial. En un sondeo reciente se halló que la República Dominicana, a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), entrega zapatos a aproximadamente dos millones de estudiantes cada año.
El programa educativo surgió para incentivar la asistencia a clases y reducir la deserción en las aulas, apoyar la economía familiar y beneficiar a miles de micro y pequeños empresarios dedicados a la confección de uniformes y la producción de zapatos.
Sin embargo, este año, por primera vez, se marginó la producción local. Los zapatos se han comprado a la firma brasileña Calçados Beira Río, S. A. por contratación directa de urgencia a un costo de $16,682,760, según la publicación de Diario El Mundo.
En resumen, el entrevistador omite que es un programa heredado de administraciones pasadas, otros países cuentan con programas similares y, por primera vez, este año, la modalidad de ejecución margina al sector productivo local.
Diputado:
«El Salvador no ha sido un país pobre. Nos empobrecieron y nos condenaron a la miseria. Por eso, millones de salvadoreños dejaron este país, por la inseguridad, por la falta de oportunidad, porque te ofrecían o ser marero o ir a la maquila».
Engañoso
El diputado sostiene que la pobreza y la migración salvadoreña fueron causadas por la corrupción del pasado. Al sugerir que estos problemas han quedado atrás gracias a la actual gestión, omite indicadores oficiales que muestran un empeoramiento en las condiciones de vida y una continuidad en el fenómeno migratorio.
Contrario al discurso, las cifras oficiales de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) reflejan un incremento en la pobreza general y extrema. La primera pasó del 22.8% en 2019 al 25.8% en 2024, sumando un total de 517,000 familias.
Además, la pobreza extrema se duplicó al pasar de 87,000 a 177,000 hogares en solo cinco años y alcanzar al 9.08% de las familias salvadoreñas.
Un hogar cae en pobreza monetaria cuando los ingresos son inferiores al valor de dos canastas básicas de alimentos. Si el poder adquisitivo es menor a una canasta, está en una situación extrema.
El discurso que relaciona la migración únicamente con la corrupción y la inseguridad del pasado se desmiente con la información del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. En el primer quinquenio del presidente Bukele, la migración alcanzó cifras récord con 348,000 interceptados, cifra que supera los 278,000 en el periodo que le antecedió. Los años 2021 y 2022 marcaron los niveles más altos de compatriotas interceptados.
En definitiva, el diputado presenta una narrativa engañosa al simplificar problemas como pobreza y migración como una consecuencia de la corrupción en los gobiernos pasados.
Al diputado William Soriano se trató de contactarlo a través del área de comunicaciones de la Asamblea Legislativa, pero no respondieron el mensaje. Al entrevistador también se le buscó por mensajería. Aunque contestó la primera vez, cuando se le dijo el tema a tratar, dejó de hacerlo.
