Los diputados del partido oficial y afines reformaron varios artículos de la Constitución para permitir que el presidente de la república opte a la reelección las veces que quiera, además de alargar a seis años el periodo presidencial y que no haya necesidad de una segunda vuelta. Voz Pública verificó los argumentos de las diputadas Ana Figueroa y Suecy Callejas, las dos que más hablaron, y encontró falsedades y engaños en los motivos esgrimidos en sus discursos. Desde que la reelección brinda seguridad jurídica, atrae inversión hasta que el pueblo la pidió y le da más poder. Además, destacan un artículo de la Segunda Declaración de los Derechos del Hombre, que les encaja con las reformas planteadas, aunque no tuvo influencia en las constituciones salvadoreñas, de acuerdo con el historiador Carlos Cañas.
La diputada Ana Figueroa del partido Nuevas Ideas presentó la propuesta al pleno legislativo que contenía cuatro iniciativas para la reforma de cinco artículos de la Constitución. A ella pertenecen las citas que se verifican a continuación si bien su colega Suecy Callejas también abordó en términos similares varios de esos puntos.
Ana Figueroa: «Pedir el apoyo de mis colegas en el sentido para presentar una solicitud que la tengo acá en este momento para presentar una solicitud que contiene cuatro iniciativas para reformar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154. ¿En qué consisten? Para comenzar, y creo que es super importante, es darle el poder total al pueblo salvadoreño, es darles a ustedes el poder absoluto de decidir». (Minuto: 27)
Engañoso
En sendos comunicados, las organizaciones Cristosal y Acción Ciudadana coinciden en que estas reformas no dan más poder a la población. “Este último golpe al sistema democrático no devuelve el poder al pueblo, como afirma la narrativa oficial: se lo entrega sin límites a la familia gobernante”, dice Cristosal. Acción Ciudadana expresa que “con esta reforma, en El Salvador está prácticamente cerrada la vía electoral como mecanismo para la alternancia democrática del poder”.
Con las reformas, la carrera electoral se antoja desigual con un aspirante (presidente) a la reelección en una posición ventajosa. Él tiene control de los tres poderes del Estado y de la mayoría de las instituciones, incluida el TSE, tribunal y árbitro de las elecciones, y los organismos que velan por la transparencia y la rendición de cuentas. La Asamblea maniobra a su dictado como lo hizo en las elecciones de 2024 con ese cúmulo de reformas electorales a la medida: la reducción de municipios, de diputados y el cambio de la fórmula electoral, el voto en el exterior, entre otros.
El uso de los recursos del Estado para promover su candidatura y la de su partido se antoja evidente como hizo en el pasado. La imagen de las candidatas a Miss Universo con la gorra de Nayib 2024 es un ejemplo. En el otro lado, los partidos políticos con limitado margen de maniobra por la falta de financiamiento al haberse eliminado la deuda política a inicios de año.
El abogado Jonathan Sisco plantea la gravedad de la situación. “Las instituciones que deben actuar a favor del país obedecen ciegamente y de forma sumisa a Bukele. Cada vez se cierran más los espacios para ejercer derechos políticos y eso es muy grave, porque el país ya vivió algo similar y no llevó a nada bueno”, subrayó el representante de Cristosal.
Ana Figueroa: «¿En que se traduce para ustedes las reformas? En mas confianza para inversores nacionales y extranjeros, habrá mayor seguridad política y jurídica, y predictibilidad, un factor que buscan los inversionistas… y, por ende, eso nos llevara a un mayor desarrollo económico y social». (Minuto 30)
Engañoso
Para el economista Carlos Acevedo, la seguridad jurídica la da el respeto al Estado de derecho (rule of law). Ampliar el periodo presidencial, en todo caso, da seguridad a los funcionarios quienes tendrán un año más “para evitar dar cuentas si no están desempeñándose bien”.
“No estoy seguro de cómo van a reaccionar los mercados, pero supongo que para muchos inversionistas no es una buena señal de seguridad jurídica”, apuntó el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), al ser consultado.
El 1 de mayo de 2021, el partido oficialista Nuevas Ideas destituyó al fiscal general y a los cinco magistrados de la Sala de Constitucional y sus suplentes, una decisión que generó una condena internacional. “Lo que sabemos es que (entonces) el riesgo país subió más de 100 puntos básicos”, recordó, a modo de referencia. Este índice económico mide el riesgo que un país representa para los inversores. El lunes 3 de mayo de 2021, los mercados reaccionaron a la decisión política elevando el riesgo país a 649 puntos, 111 en un día, un alza no vista en una jornada desde 2007.
En la administración Bukele, El Salvador viene siendo el país de Centroamérica que menos inversión extranjera directa (IED) recibe, incluso más baja que los gobiernos que le precedieron, pese a la mejora en la seguridad. En 2024, llegó a $639.5 millones y representó el 5.4% del pastel de $11,832 millones que llegaron a la región, según la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (Secmca).
En cuanto al respeto al Estado de derecho y su importancia en la atracción de inversión, como dijo Acevedo, el World Justice Proyect (Proyecto de Justicia Mundial) evalúa la calidad del Estado de derecho en 142 países cada año. En esa clasificación, El Salvador aparece en la posición 111 en su último informe del año pasado. En el continente se ubica en el puesto 26 de 32 países donde destacan Uruguay, Costa Rica y Barbados. En la cola, de la que el país está cerca, aparecen Nicaragua, Haití y Venezuela, este último en la última posición a nivel mundial.
Por categorías, El Salvador aparece mal evaluado en justicia penal (140, antepenúltimo en el mundo), controles al poder ejecutivo (120), respeto a derechos fundamentales (117) y ausencia de corrupción (113). En cambio, mejor calificado en orden y seguridad (78), cumplimiento regulatorio (80) u justicia civil (85).
El World Justice Project Rule of Law Index se autodenomina como la principal fuente mundial de datos originales e independientes sobre el Estado de derecho.
Ana Figueroa: «Para el artículo 80 propongo una reforma para eliminar lo concerniente a la segunda vuelta electoral. Aquí permítanme ser bastante clara: cada segunda vuelta electoral le cuesta al país aproximadamente $50 millones… cuando en la Asamblea Legislativa aprobamos el presupuesto general para las elecciones, sí o sí va incluido ese presupuesto para la segunda vuelta, son $50 millones adicionales». (Minuto 30:40)
Falso
La segunda vuelta es necesaria cuando ninguno de los aspirantes a presidente de la república logra la mitad más uno de los votos en la primera elección. De las siete contiendas presidenciales que ha vivido El Salvador desde 1994, únicamente dos, la de ese año y la de 2014, los aspirantes han necesitado ir a una segunda votación.
Aunque el presupuesto electoral incluye el monto de una segunda vuelta, la mayoría de las ocasiones no se ejecuta porque un candidato obtiene los votos suficientes para ser presidente en la primera vuelta.
Al momento, ninguna segunda vuelta le ha costado al país la cantidad mencionada. En las dos últimas elecciones presidenciales no hubo necesidad de ir a una segunda vuelta dado que el actual presidente obtuvo los votos suficientes en la primera.
Si nos vamos a la elección de 2014, un especialista en materia electoral recuerda que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) solicitó $33 millones para las elecciones. “No se puede decir que la segunda vuelta vale lo mismo que la primera; de hecho, es mucho más barato porque ya se tiene todo, la logística. Simplemente, la papeleta cambia, se tiene que imprimir una nueva”, apuntó el experto consultado.
Ana Figueroa: «Imagínense, solo para ponerlo en perspectiva, sería como el costo de construir un nuevo Hospital El Salvador, un hospital Rosales, por ejemplo, los salvadoreños merecemos un mejor uso de todos estos fondos…» (Minuto 31)
Engañoso
El monto del nuevo hospital Rosales, como se conoce al edificio que albergará la consulta externa especializada y el hospital de día, asciende a $61.2 millones. En cuanto al Hospital El Salvador, el ministro de Obras Públicas mencionó un costo de $34.7 millones para las tres fases en una comisión especial en la Asamblea Legislativa a inicios de enero de 2021.
Ana Figueroa: Con esta medida, el candidato que tenga más votos en la primera vuelta electoral gana, así de sencillo. Eso lo hacen muchos países democráticos en el mundo como Estados Unidos, Panamá o México… (Minuto 31.30)
Engañoso
En Estados Unidos, el presidente no es elegido por el voto popular nacional. Los votos totales del colegio electoral son los que determinan al ganador y se conceden en función del voto popular en cada estado.
En las elecciones de 2000, el candidato George W. Bush obtuvo menos votos que Albert Gore Jr., pero obtuvo la mayoría de los votos electorales y, por tanto, fue elegido presidente. Más reciente, en la contienda de 2016, Donald J. Trump recibió menos votos populares que Hillary Clinton, pero obtuvo la mayoría de los votos electorales. En concreto, la aspirante demócrata logró casi 3 millones más, pero Trump obtuvo 304 votos electorales por 227 de su contrincante.
Ana Figueroa: Todos aquellos candados y trabas que habían diseñado en nuestra ley fundamental solo buscaban proteger un sistema de privilegios, que beneficiaban a una pequeña cantidad de personas… Este mismo sistema permitió también el clientelismo, el caciquismo partidario y el enriquecimiento injustificado de los partidos políticos tradicionales… (Minuto 1.31.00)
Falso
Los candados en las constituciones salvadoreñas tenían funciones concretas y reconocidas, y no son las mencionadas por la diputada. Los sistemas de privilegios y clientelismo en los partidos no tienen que ver con eso, como explican un abogado y un historiador consultados.
El historiador Carlos Cañas Dinarte cree que la opinión de la diputada es un cliché dado que los candados en las constituciones buscan evitar que un gobernante, en especial después de Maximiliano Hernández, se quiera perpetuar en el poder. “Ese mesianismo, esa tendencia a creerse que es el único que puede sacar adelante el proyecto de nación es lo que se trató de evitar con estos candados, con los artículos pétreos de las constituciones para garantizar, entre otras cosas, la alternancia en el poder”, explicó.
Los clientelismos o caciquismos partidarios estaban en otro lado. Por ejemplo, Cañas recuerda que en la época del Partido Revolucionario de Unificación Democrática o del Partido de Conciliación Nacional, quien era designado ministro del Interior era el siguiente candidato presidencial. “Eso lo sabía el pueblo entero”, dijo.
Un post reciente de Xabi Zablah Bukele, en torno a la figura del presidente y las reformas constitucionales, recuerda que ese mesianismo está presente. “(…) el Presidente Nayib Bukele es el único que puede llevar a El Salvador hacia donde nuestra población quiere llegar. No hay nadie más (…) Él es el líder que este país necesitaba (…) Porque este no es solo un proyecto político, es una misión por el futuro de El Salvador. No descansaremos hasta verla completa”, menciona en X.
El abogado Jonathan Sisco abona a esa línea y recuerda que la Constitución de 1983 y todas las anteriores salvo una desde 1824 prohíben la reelección. “La razón de esta prohibición tan contundente es evitar que un líder corrupto usurpe el poder y, en lugar de servir al país, se sirva a su familia, a sus allegados y financistas. Es evitar que El Salvador vuelva al pasado autoritario”, indicó. También que los altos funcionarios respondan ante una ilegalidad, algo que no es posible si una persona se queda ejerciendo de forma ilegal el cargo de presidente.
Otro historiador, Héctor Lindo, aclara en un video en X la razón por la que Estados Unidos permite la reelección presidencial y El Salvador, hasta ahora, no. Y lo vincula con razones históricas y la corrupción en el poder. La prohibición, entendieron las asambleas constituyentes, era lo mas apropiado para un país con una cultura política donde el respeto a la constitución “ha dejado mucho que desear”.
Ana Figueroa: «Ustedes han alzado la voz con tanta fuerza, tan contundente para decirnos qué es lo que quieren, ustedes han expresado su voluntad con contundencia en las urnas, pero también lo expresan en territorio…» (Minuto 1.32.00)
Falso
La diputada asegura que el pueblo ha pedido la reelección, pero no hay evidencia de consulta alguna en los últimos años. Los legisladores de Nuevas Ideas no plantearon la reelección indefinida en sus campañas electorales de manera individual ni como partido. El gobierno tampoco tiene un plan o programa público que refleje ese punto de la reelección.
La aprobación de una decisión tan trascendental para el país se tomó en dos sesiones legislativas celebradas el mismo día, con horas de diferencia, y con dispensa de trámite, es decir, sin discusión y de manera exprés. En 2024, los diputados de Nuevas Ideas aprobaron cerca de 200 medidas de manera rápida sin debates ni trabajos previos.
En la sesión plenaria, la diputada de Arena, Elena Villatoro, recordó un resolución de la Sala de lo Constitucional en el pasado que decía que las reformas que un diputado quiera hacer a la Constitución deben ir dentro de su programa o plataforma para que la gente lo sepa y votar o no por él. De paso, recordó a sus colegas del oficialismo que ellos no habían presentado algo parecido y, por ende, estarían incumpliendo la ley.
La reelección indefinida tampoco estaba en el Proyecto de reformas a la Constitución de El Salvador, que encabezó el vicepresidente Félix Ulloa y donde se estableció un equipo ad hoc de profesiones del derecho para realizar estudios en ese sentido. “El querer perpetuarse en el poder mucho menos, eso ha quedado descartado desde el primer día y nunca fue esa la intención con la que yo vengo planteando la reforma constitucional”, dijo el vicepresidente Ulloa en una entrevista en septiembre de 2020.
Jonathan Sisco, abogado de Cristosal, apunta que la decisión se dio de espaldas al pueblo y en una noche. “Pero lo más grave es que no pueden modificar cláusulas pétreas y lo hicieron: la Asamblea Legislativa suplantó el poder soberano del pueblo, han usurpado un poder que no les corresponde” afirmó. El artículo 248 de la Constitución plantea los requisitos para modificarla e indica que hay artículos que no pueden ser reformados, los llamados pétreos, entre ellos los que atañen a la alternabilidad en el ejercicio del poder.
Probablemente, lo que la población exprese en el territorio en cuanto a los problemas y demandas, es lo que dicen las consultas nacionales. La encuesta de evaluación del sexto año de gobierno de Nayib Bukele, elaborada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, revela los principales problemas mencionados por los encuestados: Economía (39.2%), desempleo (15.3%), alto costo de la vida (10.1%) y pobreza (5%). En esa encuesta, por cierto, el 70.6% respondió que está de acuerdo o muy de acuerdo con que Nayib Bukele se postulara para un tercer periodo.
Ana Figueroa: «En relaciones internacionales, hay un principio importantísimo (…) es el principio de autodeterminación de los pueblos. Todos los pueblos gozan del derecho de determinar libremente su condición política, el derecho a elegir la forma de su constitución y su gobierno, así lo prescribió artículo 28 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1973» (Minuto 1.36.00)
Engañoso
La Segunda Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, a la que alude la diputada y también se menciona en los considerandos del documento de las reformas, se da en tiempos de la Revolución Francesa y data de 1793 y no 1973, como dijo la diputada.
El historiador Carlos Cañas la enmarca en tiempos de Maximiliano Robespierre, en la llamada época del terror, y es parte de un proyecto conservador, contrarrevolucionario, que busca aplastar cualquier disidencia. “Ese es el espíritu del documento, se saca un artículo de contexto (el 28 utilizado) y no se alude a los del 30 al 35, es una manipulación del espíritu mismo de esa declaración”, apuntó Cañas. En concreto, el artículo 30 dice que las funciones públicas son esencialmente temporales o el artículo 31, los delitos de los mandatarios del pueblo y de sus agentes nunca deben quedar impunes.
Para el historiador, esa Declaración no influyó en las constituciones salvadoreñas y, en concreto, la primera promulgada el 12 de junio de 1824, como sí lo hicieron otras similares como la chilena o la española. “El espíritu de la libre determinación de los pueblos es muy lejano al primer escrito constitucional que tenemos. En la historia constitucional salvadoreña, no existe un artículo equivalente a ese 28 francés”, explica.
