En su discurso en el 79 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de la república Nayib Bukele destacó los avances en materia de seguridad en su gestión en contraste con el rumbo del mundo que calificó de “hostil y sin esperanza”. En su alocución de unos diez minutos, presentó un El Salvador donde se respeta la libertad de expresión y los derechos humanos (de los que viven en libertad). En Voz Pública se verificaron tres afirmaciones del mandatario que entran en la categoría de engañosas y falsas.
Nayib Bukele: “Le dimos a miles de salvadoreños que huyeron de la guerra y la pobreza un país al cual regresar. Hicimos de nuestra nación, que fue la capital mundial de los homicidios, el país más seguro de todo el hemisferio occidental”.
Engañoso. El Salvador es, sin duda, un país más seguro, pero también con más pobres y con más salvadoreños que se ven forzados a migrar. La pobreza y la migración repuntaron en la gestión del presidente Bukele y no son problemas del pasado, como el mandatario quiere hacer creer. Los salvadoreños siguen huyendo por motivos económicos.
En la administración Bukele, los salvadoreños migran en mayor número que en los quinquenios anteriores, según la Oficina de Aduanas y Seguridad Fronteriza, adscrita al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Cerca de 99,000 compatriotas fueron interceptados en la frontera sur de ese país en el año fiscal 2021, de octubre de 2020 a septiembre de 2021. En 2022, más de 97,000. Al siguiente, algo más de 61,000 y este 2024 cerrará en torno a los 54,000 detenidos en septiembre cuando cierre el año fiscal, de acuerdo con los datos de esa institución.
Las razones económicas han sido y siguen siendo la principal razón para dejar el país. Según información de la Dirección General de Migración y Extranjería (DNME), en 2023 e inicios de 2024, tres de cada cuatro migraron por ese motivo (alto costo de la vida, desempleo, pobreza,…), seguido por la reunificación familiar (15%) y la inseguridad (8%). Esta última variable, no obstante, se ha reducido a la mitad en los dos últimos años de la gestión de Bukele.
Hace un año, Bukele se refirió al fenómeno de la migración inversa -que más salvadoreños lleguen al país de los que se van- en ese mismo escenario que lo hizo ayer. No hay datos oficiales que apunten hacia esa tendencia. Migración registra que en 2023 salieron 158,088 más salvadoreños de los que entraron al país. La cifra duplica la de 2022 cuando fueron 73,296.
La pobreza también aumentó en su gestión y rompió la tendencia de los periodos anteriores. En 2019, El Salvador tenía 442,000 hogares en pobreza (22.8% del total) y cuatro años después eran 549,000 (27.2%). Además, la pobreza extrema, la más grave, se duplicó al pasar de 87,000 (4.5%) a 177,000 hogares (8.7%) en ese periodo.
La tasa de homicidios se ha reducido notablemente en los últimos años. De hecho, 2023 cerró con 2.4 muertes violentas por 100,000 habitantes, la más baja del continente después de Canadá. En 2015, cuando El Salvador fue el país más violento del mundo, «la capital mundial de los homicidios» que dijo Bukele, registró una cifra de 103.
El Índice Global de Paz (IGP) es un informe del Instituto de Economía y Paz que mide el nivel de paz y la ausencia de violencia en los países. En su última publicación de junio pasado, El Salvador no aparece como el más seguro del hemisferio occidental, tampoco de Latinoamérica ni de Centroamérica. Estaba en el puesto 107 de 163 naciones evaluadas.
Este estudio, además de la tasa de homicidios, toma en cuenta una veintena más de indicadores para catalogar la seguridad de un país: la tasa de encarcelamiento, el acceso de la población a armas ligeras, el porcentaje de gasto militar, entre otros.
El cuadro comparativo del estudio ubica al país en una situación intermedia en la región pese a que tenga, con diferencia, una menor tasa de homicidios que cualquier de esos países.
Nayib Bukele: “En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente, no arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador, tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas”
Falso. El Estado de derecho se viene deteriorando desde la llegada de Bukele. El sistema de justicia y el poder legislativo están sometidos a la figura presidencial. La detención de políticos de oposición es una realidad y los procesos abiertos en su contra no siempre están claros. Los ataques a la prensa independiente y a las organizaciones de derechos humanos están a la orden del día, orquestados desde el poder en ocasiones. La administración actual supuso un retroceso en materia de acceso a la información pública y en la rendición de cuentas. El temor a expresarse de política está presente en la gente y la captura del tuitero «El Comisionado» fue posterior a la publicación de un mensaje sobre la familia de Bukele.
Organizaciones de la sociedad civil denuncian la existencia de presos políticos en el país. Ivania Cruz, vocera del Comité de familiares de presas y presos políticos de El Salvador (Cofappes), menciona, en alusión al discurso del presidente en la ONU, que “vivimos otra realidad diferente, donde existen presos políticos y persecución por decisiones de su Gobierno y bajo su mandato”.
Cruz critica el incumplimiento de resoluciones judiciales por funcionarios de la Dirección General de Centros Penales que en el pasado han impedido recuperar la libertad a detenidos como el exalcalde Francisco Hirezi y los exconcejales de la alcaldía de Zacatecoluca. También, el retraso de la salida de prisión de otros como Mauricio Ramírez y Ramón Roque, todos vinculados al FMLN, a pesar de mediar una orden judicial.
Uno caso emblemático es el exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt en prisión desde 2021. «Enfrenté a un régimen dictatorial y autoritario, que envió turbas criminales de un ministro de Trabajo delincuente, un fiscal títere,… presionaron a los jueces. Me presenté, di la cara. Hoy soy preso político», dijo en junio de 2021 al salir del juzgado y minutos antes de volver a ser capturado y acusado por un nuevo delito.
Muyshondt debió haber recuperado la libertad dos años más tarde. El Código Procesal Penal, en su artículo 8, establece que la privación de libertad provisional de una persona no puede exceder los 12 meses para los delitos menos graves y los 24 para los graves. El exalcalde sigue detenido y a la espera de juicio por los delitos de apropiación indebida de retenciones tributarias e incumplimiento de deberes.
La libertad de expresión tampoco goza de buena salud. Ese derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que haya injerencia de funcionarios. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) alertó sobre el bloqueo de instituciones y funcionarios a periodistas y medios digitales independientes en X, recientemente. “… representa una grave restricción al ejercicio periodístico y ahonda al retroceso en materia de libertad de expresión en el país, pues el Gobierno a menudo utiliza estas cuentas para compartir información oficial”, menciona la Asociación.
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), en el Índice de Libertad de Prensa que publica cada año, muestra el deterioro que viene sufriendo ese indicador. En 2020, El Salvador se ubicaba en el puesto 74 y, para 2024, había caído hasta el 133 de 180 países evaluados, un retroceso de 59 puestos. El ejercicio periodístico «está marcado por el acoso a medios críticos y criminalización de la cobertura sobre seguridad pública y pandillas”, según RSF.
El Salvador también presenta retrasos en materia de acceso a la información pública, un asunto ligado a la libertad de expresión. En su último informe sobre transparencia activa, la organización Acción Ciudadana revela que apenas se publica el 41% de la información oficiosa, aquella que por ley debe estar disponible para los usuarios sin necesidad de solicitarla.
La encuesta de evaluación con motivo del 5° año de gobierno de Bukele del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA evidencia cierto temor de la población a expresarse sobre temas políticos. Seis de cada diez encuestados declararon que “están teniendo más cuidado cuando comparten su opinión sobre política con otras personas”.
Además, más de la mitad sostiene que “siente algún nivel de temor de recibir algún tipo de intimidación o amenaza por expresarse sobre cualquier asunto de importancia nacional o sobre decisiones que está tomando el actual gobierno”.
La captura de un reconocido tuitero en agosto de 2022 deja en mal lugar la afirmación del presidente de que «no arrestamos a las personas por expresar sus ideas». “Tremendo dispositivo de seguridad que anda Karim, la novia, la mamá y el otro hermano de Bukele. Menos mal que vivimos en el país más seguro del mundo mundial…”. Poco después del tuit, Luis Alexander Rivas Samayoa, conocido en redes como «El Comisionado», fue capturado por policías en el rancho donde se encontraba con su familia.
En julio de 2024, un tribunal de San Salvador lo envió a juicio, le acumularon otro caso y finalmente está siendo procesado por los delitos de utilización de datos personales, revelación indebida de datos o información de carácter personal, agrupaciones ilícitas y desacato. Según la información detallada en la acusación, el delito de desacato es, en este caso, en perjuicio de la administración pública y subsidiariamente en perjuicio del presidente Nayib Bukele.
Nayib Bukele: “En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Dicen que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo con sus libertades y derechos humanos respetados”.
Falso. En Salvador, hay cientos de inocentes detenidos de manera arbitraria que sufren torturas y malos tratos al interior de los centros penales, tal y como lo registran y documentan estudios de organizaciones de derechos humanos. Es la cara oculta del régimen de excepción que el presidente obvia en sus discursos y allá donde promueve un El Salvador más seguro.
Una de las acepciones del adjetivo «honesto», según la Real Academia Española (RAE) es honrado, o que actúa conforme a las normas morales o legales establecidas. El mandatario no predica con el ejemplo desde el momento que tomó el camino de la reelección presidencial inmediata en una clara violación a varios de artículos de la Constitución. Además, en su gabinete hay funcionarios con graves sospechas de corrupción y violación a los derechos humanos, sancionados por el gobierno de los Estados Unidos, cuyo comportamiento se aleja de ese adjetivo.
En su discurso, el mandatario destacó los avances en materia de seguridad y se refirió, sin nombrarlo, al régimen de excepción al mencionar las miles de detenciones desde su implementación en marzo de 2022. Al 4 de septiembre se conoció que iban 81,945 capturados en la Asamblea Legislativa durante la discusión de una nueva prórroga. Una cantidad que sumada a los reos ya existentes convirtieron a El Salvador en uno de los países con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado de manera reiterada capturas arbitrarias, violaciones al debido proceso, torturas en cárceles y muertes bajo custodia del Estado. Estudios de organizaciones nacionales e internacionales muestran la cara oculta del régimen, las violaciones a los derechos humanos de cientos y miles de personas inocentes y honradas capturadas.
Amnistía Internacional alertó hace unos meses de que “no puede ser un éxito reducir la violencia pandilleril sustituyéndola por violencia estatal”. Un informe de esa organización resume en unas líneas la situación que sufren miles de personas: “De no corregir el rumbo, la instrumentalización del proceso penal y la instauración de una política de tortura en el sistema penitenciario podrían perpetuarse, provocando un aumento en las ya alarmantes cifras de violaciones al debido proceso, muertes bajo custodia del Estado y la precarización de la situación de las personas privadas de libertad”.
Cristosal, en su reciente estudio “El silencio no es opción”, presentado en julio pasado, acumula 3,643 denuncias por abusos o violaciones a derechos humanos recibidas entre marzo de 2022 y abril de 2024 en su mayoría detenciones arbitrarias por parte policías y militares. La organización también documentó sobre “las prácticas de tortura, muerte y justicia fallida en el régimen de excepción” ocurridas al interior de las cárceles. El estudio actualiza la cifra de muertes bajo custodia del Estado y la eleva a 261 personas adultas (244 hombres y 17 mujeres), y cuatro niñas y niños.
Por esas fechas, la organización Human Right Watch publicó también el estudio «Su hijo no existe aquí» que documenta casos de detenciones arbitrarias y torturas en menores detenidos en el marco del régimen de excepción. «Muchos han sido condenados por delitos definidos de forma amplia y en juicios con violaciones al debido proceso», indica el estudio.
