En publicaciones en la red social X, los legisladores Christian Guevara, Caleb Navarro y William Soriano aseguran que la información sobre las plazas de los empleados siempre ha estado disponible al público en el portal de transparencia de la Asamblea Legislativa. El sitio contiene ciertos datos de los 488 trabajadores bajo el régimen de Ley de Salarios no así de los 1,587 que están por contrato, grupo donde están los asignados a los diputados. Especialistas confirman la falta de información oficiosa disponible en esa institución. Agregado a eso, un informe reciente de Acción Ciudadana la ubica como una de las peores en cuanto a transparencia. El 68% de la información que debería estar publicada para los ciudadanos por ley no se encuentra.
Un número considerable de los diputados de Nuevas Ideas publicó en X el detalle del personal a su cargo con el nombre, cargo y el salario para mostrar la distribución de los $11,000 mensuales asignados a cada uno, en buena medida presionados por la demanda de transparencia que exigían usuarios en esa red social desde la cadena nacional del presidente Nayib Bukele del 5 de julio. En la misma, el mandatario pidió a los legisladores la reducción de los $14,500 que tenían disponibles al monto ya mencionado.
En su publicación, Christian Guevara, jefe de fracción del partido, afirmó que la totalidad de las plazas de la Asamblea “siempre estuvo disponible” en el portal legislativo. Así respondió al ser cuestionado por un creador de contenido sobre el incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en materia de contratación de personal.
Voz Pública verificó lo expresado por Guevara y otros diputados, y concluyó que se trata de una información engañosa. Además de revisar la Ley en cuestión, la web de la Asamblea Legislativa e informes actuales sobre transparencia, este medio consultó a expertos en el tema y a una empleada legislativa para llegar a esa conclusión.
Jessica Estrada, directora de Transparencia en la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), aclara que la información de las contrataciones del personal administrativo debe ser pública de acuerdo con el artículo 10 de la LAIP. “Así como sus contratos y sus CV en versión pública, la divulgación de esta información debe ser de manera oficiosa y cada institución debe responsabilizarse para mantenerla actualizada”, añadió. Por información oficiosa se entiende aquella que las instituciones deben difundir al público en virtud de la Ley y sin necesidad de solicitud directa.
Además de Guevara, al menos sus colegas Caleb Navarro y William Soriano aseguraron también que la información de las planillas siempre ha estado disponible al público en el sitio de la Asamblea. Incluso, Navarro publicó un video donde explica paso a paso cómo acceder a ella y llamó a no seguir “desinformando a la población” en la misma red social.
La realidad es que Navarro y sus colegas no dicen toda la verdad. En sus publicaciones omiten que la información pública disponible corresponde únicamente a las plazas por Ley de Salarios que suman 488 y representan un poco más de $10.1 millones en 2024. No dan detalles de las 1,587 plazas por contrato, donde está el personal a su cargo, y que representan un gasto de algo más de $25.2 millones en el presupuesto anual.
“No es cierto que el 100% de las plazas de la Asamblea ha estado disponible. Las plazas para el personal que consideran de la fracción o los asesores no se han dado a conocer”, mencionó Estrada, quien insistió en que la LAIP obliga a publicar las contrataciones del personal institucional como los asesores en una versión pública.
Una verdad a medias
Wendy Alfaro, empleada de la fracción del partido Vamos, asegura que las plazas asignadas a ese instituto político son por contrato. Sobre las acciones de los diputados cian, cuestionó que “tengan un par de cosas en el portal de transparencia no significa que hayan cumplido toda la tarea”.
Como Estrada, mencionó que no hay información publicada sobre las plazas por contrato y que la diputada Claudia Ortiz ha solicitado copias de los contratos en el área de recursos humanos, pero no se los han entregado.
La publicación del detalle de las plazas por parte de los diputados del oficialismo ocurrió luego de unos días de silencio tras la filtración de una base de datos por el grupo CiberinteligenciaSV, donde se reveló que tenían al menos 450 plazas en la Asamblea.
Para Jayme Magaña, exoficial de información de la CEPA, todas las personas que reciben fondos públicos, sean funcionarios o empleados, deben estar incluidas en el portal de transparencia de la Asamblea, en concreto, su nombre, salario y currículum.
“Al entrar al portal hay algunas plazas, no son todas y no podría saber si efectivamente es equis persona porque no aparece su currículum, el lugar donde está designada. Solamente dice, por ejemplo, colaborador jurídico 1, motorista 5 y no debe ser así. Aquí se está cometiendo un error de comisión por omisión, le están pidiendo las plazas de los diputados y está bien, porque todos queremos saber en qué se están gastando los $14,500 o más, pero ¿y las plazas institucionales? De eso nadie quiere hablar porque la plaza institucional incluso puede llegar a ser más alta que la del grupo parlamentario”, agregó Magaña.
Asamblea, reprobada
La organización Acción Ciudadana analiza el nivel de cumplimiento de las instituciones públicas en relación con la publicación de información importante en sus portales de transparencia, tal y como establece el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
En el último informe “Scorecard: transparencia activa 2024”, la entidad evaluó 38 instituciones públicas. La Asamblea Legislativa se ubicó en el puesto 23 de las evaluadas con un grado de cumplimiento del 32%. Del 100% de la información que debería estar disponible en su portal, la organización apenas halló el porcentaje mencionado.
El Órgano Legislativo quedó abajo del 42%, el promedio de cumplimiento de las instituciones. En general, la información oficiosa que no está publicada tiene que ver con la publicación de asesores, el plan operativo anual, listados de ofertantes y contratistas y lo relativo a la participación ciudadana y rendición de cuentas.
En la evaluación de 2024, la Asamblea cayó 11 puntos en comparación con la calificación obtenida un año antes, que fue del 43%.
En su informe, Acción Ciudadana concluye que hay una disminución en el porcentaje de cumplimiento de la LAIP por las instituciones que están obligadas a publicar la información oficiosa, aquella que se debe transparentar por ley, sin necesidad de que se solicite.
Con respecto a las remuneraciones, en 2023 este apartado fue clasificado como incompleto y para 2024, según Acción Ciudadana, esta información estaba desactualizada. En el apartado de asesores, que es otro de los aspectos cuestionados por la ciudadanía, para el año pasado este fue clasificado en el informe como “completo pero sin formato», pero para este año estaba desactualizado. “Aquí sale en qué estado se encontraba, solo que esos asesores eran los institucionales, no son los de cada diputado, esos no estaban ahí”, aclaró Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.
En consonancia con el retroceso en materia de transparencia, Jessica Estrada recuerda que la información sobre la plazas se podía solicitar a la Asamblea y era entregada en el pasado. En cambio, en la actual legislatura se la han denegado.
Régimen de Ley de Salario y contratos
– En las plazas con Ley de Salarios hay una mayor estabilidad laboral. Aplica la Ley de Servicio Civil. Para entrar es más difícil ya que debe dar el visto bueno una Comisión de Servicio Civil y el Ministerio de Hacienda.
– En cambio, el empleado que está por contrato tiene menos estabilidad y no hay mayores requisitos. En teoría, son por un año.
