A modo de justificar las capturas arbitrarias en el régimen de excepción, cuando al ministro Gustavo Villatoro le preguntaron por las miles de personas liberadas tras meses detenidas, se refirió al FBI y afirmó que el 30% de los capturados por la agencia estadounidense era declarado inocente. ¿De dónde sacó la información? En el Ministerio de Justicia no responden a esa pregunta. Dos criminólogos consultados tampoco se lo explican. En 2022, solo el 0.4% de personas acusadas por delitos penales federales en Estados Unidos fue declarada inocente. En esa estadística están incluidos los casos del FBI y otras entidades.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo en la entrevista Frente a Frente que el 30% de las personas capturadas por la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos es declarada inocente. Con el dato de ese supuesto alto margen de error de la agencia estadounidense respondió al ser cuestionado sobre las 7,000 personas liberadas después de pasar meses detenidas en el marco del régimen de excepción. Una población, advirtió, que goza de medidas sustitutivas a la detención y está a la espera de juicio.
“El FBI, del 100% que captura, y estoy hablando de investigaciones, no son capturas en flagrancia sino de investigaciones, el 30% es declarado inocente después de pasar varios años en las cárceles”, afirmó el 3 de octubre en el espacio de opinión de TCS.
Agregó que la justicia penal es un modelo donde el Estado acusa, pero el imputado tiene “todo un aparataje para poder generar prueba en contrario”.
Voz Pública consultó a dos criminólogos, revisó la web del FBI, así como estudios y documentos para analizar la declaración de Villatoro. También, solicitó al área de comunicaciones la fuente de esa estadística, pero no respondió. Una vez verificada, la información se cataloga como engañosa.
Inocentes, el 0.4%
El Pew Research Center es un tanque de pensamiento estadounidense que realiza investigaciones sobre diversos temas. A propósito de la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el expresidente Donald Trump, la institución analizó cuántas personas acusadas en casos penales federales son absueltas al año.
Para ello, tomó como referencia el informe Asuntos Judiciales 2022 de la Oficina Administrativa de Tribunales de Estados Unidos en el último año fiscal, que comprende del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022.
De las 71,954 personas acusadas solo 290, el 0.4% del total, fueron absueltas en juicio y declaradas inocentes. La mayoría, el 89.5%, se declaró culpable voluntariamente. Otro 8.2% de los casos fue desestimado durante el proceso judicial. El 1.9% restante fue declarado culpable.
El FBI es una agencia que se enfoca en investigar delitos federales como terrorismo, espionaje, crimen organizado, corrupción pública, entre otros. No es la única, pero sí es la principal del Departamento de Justicia.
En la estadística, el centro de investigación Pew incluye a los acusados en los tribunales de distrito de delitos graves, muy graves y algunos con faltas menores, pero exclusivamente de casos penales federales, entre ellos los que son investigados por el FBI. En cambio, excluye los casos manejados por jueces de primera instancia o de tribunales estatales.
Si bien la información no registra los casos del FBI por separado, en general, la data pone en duda lo expresado por el funcionario.
Carlos Ponce, doctor en criminología y catedrático en la Escuela de Criminología y Justicia Penal en University of the Fraser Valley (Canadá), asegura que es complejo llegar a una cifra oficial sobre condenas injustas por la diversidad de agencias estatales en materia de justicia.
“Me extraña que el ministro se atreva a dar una cifra concreta sobre condenas injustas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos publica muchas estadísticas oficiales y la que menciona el ministro no es una de ellas”, afirmó a Voz Pública.
Otro estudio de 2018 compartido por Ponce también deja en mal lugar la estadística mencionada por el ministro. Para el informe Medición de las condenas erróneas declaradas por los propios reclusos se hicieron encuestas a los reos, en concreto, a 2,504. Dos de cada tres, el 66.7% para ser exactos, reconocieron que habían cometido todos los delitos de su condena más reciente. Otro 22.2% declaró haber cometido algunos de los delitos por los que fue condenado. El resto, el 11.3%, dijo que no había cometido ninguno de los delitos por los que había sido condenado.
Ponce agrega que, en el mejor de los casos, las cifras del ministro “no son precisas”. “Aunque los resultados presentan variaciones dependiendo del delito, en términos generales, las estimaciones indican que el porcentaje global es mucho menor al 10%. Esto incluye a agencias estatales y locales. El FBI es una agencia federal con estándares significativamente superiores”, apuntó.
Otro criminólogo consultado, que pidió no ser citado, se limitó a decir que desconocía el origen de la información dada por el funcionario.
En El Salvador, el régimen de excepción ha capturado a más de 73,000 personas de las que las ya mencionadas 7,000 han sido liberadas tras pasar varios meses detenidas.
Abogados han señalado en reiteradas ocasiones que el sistema de justicia salvadoreño no funciona adecuadamente, pues el régimen de excepción no respeta las garantías mínimas previstas en la Constitución de la República y tratados internacionales, como la presunción de inocencia.
El informe del primer año del régimen de excepción de la organización Cristosal destaca que “la gran mayoría de las decenas de miles de detenciones de personas han sido arbitrarias”. Subraya que entre los patrones de abuso más comunes están la ausencia de órdenes de captura, de investigación previa del detenido y allanamientos de morada ilegales.
De hecho, en septiembre de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al artículo 21-A de la Ley contra el Crimen Organizado, donde se estableció que las personas en fase de instrucción a diciembre de ese año tendrían una ampliación de ese proceso por 12 meses, prorrogables hasta por un año. Esto implicaría que esos detenidos podrían estar privados de libertad hasta por dos años, en lugar de los seis meses que establece el Código Procesal Penal.
Este medio llamó a la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad en seis ocasiones la semana pasada para conocer el origen la información brindada por el ministro Villatoro.
Juan Hernández atendió la llamada el viernes 6 de octubre y pidió enviar la solicitud de información por escrito. Se hizo la solicitud como pidió, pero al cierre de la nota no hubo respuesta.
Fuentes
. Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad.
. Carlos Ponce, doctor en criminología.
. Pew Research Center, informe sobre absolución de acusados penales federales (2023).
. Encuesta de Experiencia en Justicia Penal (CJES), 2018.
. https://www.uscourts.gov/sites/default/files/data_tables/jb_d4_0930.2022.pdf
