La construcción de vías de acceso y dos puentes sobre el río Torola en los municipios de Carolina y San Antonio del Mosco está detenida desde el 26 de marzo. También, las 19 obras sociales en el casco urbano y caseríos de esas localidades migueleñas y de San Luis de la Reina que se realizan en compensación por la afectación de la presa El Chaparral.
La CEL contrató a Contratista General de América Latina S.A. de C.V. sucursal El Salvador para esos dos proyectos. Ambos tendrían que haberse terminado entre diciembre de 2022 y enero de 2023. A pesar de recibir una prórroga cada uno, ninguna obra, ni las más pequeñas, se han terminado. Algunas ni han iniciado.
La autónoma pidió la terminación “amigable” de los contratos por los atrasos en la ejecución. En el diálogo para reconducir la situación, la empresa pide una prórroga de cuatro meses para concluir las obras, manteniendo el monto establecido. En cambio, por las fuentes consultadas, la CEL estaría más inclinada por finalizar la relación e iniciar de nuevo.
A la constructora le adjudicaron el primer contrato (el de los puentes) en diciembre de 2021, cuatro meses después de haber sido creada, en un proceso con escasa competencia. En junio, CEL le otorgó el segundo a dedo por $13 millones. También, en ese mes, firmaba un tercero para construir el megapenal de Tecoluca junto a dos constructoras más.
Sobre la calle principal del barrio El Calvario del municipio de Carolina debería haber una parada de bus, una de tantas proyectadas a largo de la vía de acceso que comunica esa localidad con la carretera Longitudinal del Norte. En su lugar, hay tres hoyos de un metro de profundidad cada uno. Una vecina que vive cerca dice que tres o cuatro hombres trabajaron unos 15 o 20 días en marzo y se retiraron antes de Semana Santa.
En esa misma calle, unas cuadras más adelante, se encuentra el parque central y enfrente la parroquia de San Agustín, el patrono del pueblo. A un costado de la iglesia debería haberse construido un edificio de dos niveles: uno para parqueo, el inferior, y el otro para un salón de reuniones. Pero solo hay tierra removida y más hoyos. Los obreros empezaron a trabajar a inicios de año y desde finales del mes pasado ya no regresaron, cuenta una de las jóvenes que colabora con la parroquia.
El Centro Escolar “Cirilo Antonio Quintanilla Vargas” está situado en un extremo del pueblo, tomando la calle que lleva a la Longitudinal y al municipio de Ciudad Barrios. A un lado de la cancha se observan algunos trabajos de terracería y varios niveles de bloques apilados. El área está sellada con nylon negro y destaca un cartel con el logo de la empresa: Constructora General de América Latina S.A. de C.V. (CGAL). Sobre ese terreno debería estar funcionando un aula de laboratorio de ciencias. Un empleado de la escuela comenta que la construcción lleva así desde el año pasado.
La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) contrató a la empresa mexicana para la realización de 19 obras de carácter social, entre ellas las tres mencionadas, en los municipios migueleños de Carolina, San Antonio del Mosco y San Luis de la Reina; los tres bañados por las aguas del río Torola y afectados por la presa El Chaparral, rebautizada como Central Hidroeléctrica 3 de Febrero, en referencia al triunfo electoral del presidente Nayib Bukele.
El acta de la reunión del consejo directivo de la CEL, donde se autoriza la contratación, está disponible en el sitio web de compras públicas de El Salvador, conocido como Comprasal. El contrato se otorgó a dedo, una decisión que la institución contratante justifica con los siguientes argumentos: es una empresa ya instalada -le habían asignado la construcción de los dos puentes sobre el río Torola unos meses antes-, tiene experiencia en trabajos similares y está familiarizada con el área de influencia donde se desarrollarán las obras. Por esos aspectos, recogidos en un memorándum de opinión técnica de la firma Hatch Consultants Inc, la autónoma concluye que “se disminuye el riesgo de retraso de las obras”.
Al revisar la documentación disponible de otras adjudicaciones relacionadas con el proyecto El Chaparral se observa que los contratos otorgados a dedo, sin competencia alguna, son comunes. Eso tiene una explicación: En abril de 2020, la junta directiva de la CEL acordó calificar de urgente los procesos vinculados a la central hidroeléctrica y, por consiguiente, como se lee en el acta, “…autorizar el inicio de acciones para contratar por la vía de contratación directa todos los bienes, servicios, obras y consultorías necesarias para contratación y culminación de dicho proyecto”.
El proyecto “Diseño y construcción de obras sociales necesarias en las comunidades de área de influencia directa del proyecto hidroeléctrico El Chaparral, futura central 3 de Febrero” se adjudicó el 13 de junio de 2022 y el contrato se firmó dos semanas después, el día 30, por un monto de $13,043,443. El plazo estipulado es 210 días contados, en principio, desde la firma. El tiempo finalizó en enero pasado y la CEL, cuenta la empresa, otorgó una prórroga hasta mayo. En una visita el 22 de abril al municipio de Carolina, Voz Pública evidenció que las obras apenas se habían iniciado. Eso de que “se disminuye el riesgo de atraso” al contratar a dedo, como consta en el acta de la CEL mencionada, no funcionó en este caso.
Los alcaldes de Carolina y San Antonio, ambos del partido Nuevas Ideas, un concejal y media docena de vecinos consultados coinciden en que la empresa dejó de trabajar a finales de marzo en los dos proyectos: la construcción de los dos puentes sobre el Torola y las obras sociales en las comunidades. Cuentan además que una buena parte de los trabajadores era mexicano y que dejaron el municipio en un bus y otros vehículos poco antes de la Semana Santa.
“No, todavía no, ninguna (de las obras sociales) se ha comenzado”, afirma Osmín Martínez, alcalde de San Antonio, vía telefónica, sobre los cuatro proyectos previstos en su municipio: la mejora de dos escuelas, la construcción de un sitio recreativo y de una clínica comunal. “Los proyectos sociales están parados, no están en función (trabajando)”, asevera su colega de Carolina, Israel Nolasco.
En el caserío La Ceibita, siempre en Carolina pero al otro lado del Torola, se tenía prevista la construcción de una casa comunal, el mejoramiento de una cancha de fútbol y la construcción de una cerca perimetral para el cementerio. Un vecino comentó que un grupo de trabajadores llegó a hacer mediciones en diciembre y poco más. Añadió, vía teléfono, que hace un mes que ya no regresaron.
Desde México, Contratista General accedió a responder varias preguntas por correo. Confirma que las obras se suspendieron el 26 de marzo a raíz de que la CEL le pidió la terminación de la relación contractual de ambos proyectos de manera amigable. El atraso acumulado es el principal motivo. Aclara que los contratos están vigentes y que están en conversaciones con la autónoma para terminar ambos proyectos.
Sobre el avance de las obras sociales, dice que es de un 20% en promedio y que el plazo del contrato finaliza en mayo próximo gracias a una prórroga otorgada al terminar el tiempo del contrato en enero. Entre las razones que esgrime para justificar los atrasos están que los cambios solicitados a los diseños de estas obras pequeñas y los trámites para la liberación de predios.
A la CEL, la institución contratante, se llamó por teléfono en tres ocasiones en días distintos para conocer su postura. La respuesta fue que el responsable del proyecto El Chaparral no se encontraba.
Dos contratos en un mes
En junio de 2022, la empresa Contratista General de América Latina S.A. de C.V., sucursal El Salvador, aún no había cumplido un año de haber sido creada. Ese mes, además del contrato de poco más de $13 millones para obras sociales en los municipios afectados por la presa El Chaparral, firmó otro acuerdo para construir el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el megapenal de Tecoluca, en San Vicente, inaugurado el 31 de enero por el presidente Nayib Bukele en cadena nacional.
Contratista General fue la tercera constructora en sumarse a esta obra de seguridad. Según un documento del Ministerio de Hacienda, su contrato se identifica por el número DL 357-004/2022 y fue firmado el 15 de junio. Para entonces, en el terreno ya llevaban un tiempo dos empresas salvadoreñas: Inversiones OMNI S.A. de C.V. y Constructora Díaz Sánchez (DISA) S.A. de C.V. Cualquier información sobre este megapenal se mantiene bajo reserva.
Más atrasos
Desde el cantón La Ceibita, este invierno se teme que el servicio de lanchas desaparezca y, sin puentes, la población quede incomunicada y no pueda cruzar hasta el casco urbano del municipio. “No podremos llevar los productos necesarios para la agricultura o la cocina. Además, las tiendas se sostienen de lo que van a traer allá (Carolina)”, cuenta un lugareño.
El plan de terminar las obras a final del año pasado, como decía el presidente de la CEL, Daniel Álvarez, cayó en saco roto. “La construcción de los puentes de Carolina y San Antonio también avanza conforme a lo previsto. Ambos estarán listos en diciembre (2022). Los puentes conectarán a las familias que arriesgaban sus vidas cruzando el río”, expresó en una entrevista en Noticiero El Salvador el 28 de julio.
Después de eso, Álvarez no volvió a hacer más pronósticos. La razón se puede explicar en la sucesión de inconvenientes que enumera la empresa mexicana y que incidieron en la ejecución de los trabajos. Entre los que menciona están afectaciones por un invierno más copioso de lo normal, imprevistos por el material rocoso encontrado en las excavaciones que les llevó a utilizar explosivos y atrasos en los embarques del material de los puentes adquirido en Europa debido a la guerra de Ucrania.
Un par de años antes, el 4 de agosto de 2020, el presidente Bukele se refirió al proyecto El Chaparral en una visita al lugar. “Vamos a terminar este proyecto y en tiempo récord, lo que no pudieron hacer los tres gobiernos anteriores. El presidente de CEL me dijo: ‘En marzo del otro año (2021), la obra está terminada’”, dijo el mandatario en un discurso en el que aprovechó para condenar los actos de corrupción cometidos en las administraciones pasadas con esta obra hidráulica.
Cumplidos dos años de ese anuncio, la central El Chaparral sigue sin funcionar. El Diario de Hoy informó el mes pasado que el embalse de El Chaparral tuvo que ser vaciado para reparar unas filtraciones detectadas en la pared de la presa.
CEL: Puentes en diciembre
El escaso avance en la construcción de los dos puentes sobre el río Torola es la principal preocupación para muchos de los vecinos de los municipios migueleños y para los hondureños que transitan por esta zona. Como cada invierno, la incertidumbre está presente en ambas orillas del cauce. Varios caseríos y cantones se quedarán aislados a poco que el caudal se incremente. Por una decisión inconsulta y que los vecinos no se explican, la CEL quitó el paso peatonal (puente colgante) en el lado de Carolina antes de haberse terminado el nuevo. El invierno pasado, los habitantes cruzaban en unas lanchas que puso la institución a disposición. En la parte de San Antonio, en cambio, el paso peatonal se mantiene.
El mandatario regresó al lugar de nuevo a inicios de 2022 para anunciar el inicio de la construcción de los dos puentes sobre el río Torola. Como la presa, cumplido el plazo legal dado a la constructora, los puentes no solo no están construidos sino que las obras cumplieron un mes detenidas.
Los alcaldes aseguran que la empresa mexicana se retiró del proyecto y que otra continuará los trabajos. “Los puentes se van a terminar, los va a retomar otra empresa”, apunta Martínez, edil de San Antonio, sobre una información que le compartió un ingeniero de la CEL. “Los trabajadores comentan eso (que la empresa CGAL no continúa) y que vendrá otra”, añade Nolasco sobre uno proyecto programado para concluirse a finales de 2022.
En la visita a la zona se comprobó que el acceso al puente de Carolina por la calle está restringido. En la entrada, dos vigilantes privados niegan el paso a una obra sin trabajadores. Reflejo del abandono de la construcción es, también, un letrero ubicado a un lado del camino que antes llevaba la cuenta de los días que faltaban para la inauguración y que ahora no tiene ningún número. Para acercarse al puente de Carolina y verificar el estado en que se encuentra, se tuvo que caminar a través del cauce del río, por la parte del futuro embalse.
Contratista General calcula en un 80% el avance de cada uno de los dos puentes. En ese porcentaje incluye el diseño, los trabajos de cimentación y apoyos, además de la adquisición de los tirantes (cables) y la estructura metálica hecha de un acero especial. Estos materiales aún no están instalados y, por tanto, no se aprecian en el lugar, apunta la empresa. Lo que se ve, como se comprobó in situ en Carolina, es una parte de la base del puente que sostendrá la estructura para el paso de vehículos y personas.
Voz Pública consultó a un ingeniero especializado en este tipo de estructuras y se le compartieron las imágenes del estado del puente. Según sus cálculos, la obra está en un 30% como máximo, incluyendo los materiales a los que hace referencia la empresa.
Contratista General mantiene el interés de concluir las obras en las conversaciones que mantiene con la CEL. Para ello, le ha solicitado cuatro meses de prórroga para concluir los puentes y sin alterar el monto del contrato. “La obra no va costar más si la continuamos nosotros. La empresa está absorbiendo los sobrecostos que las afectaciones han generado”, asegura la firma mexicana.
Contratación cuestionable
28 de julio de 2021, 12 del mediodía. En las instalaciones de Contratista General de América Latina S.A. de C.V., ubicadas en Ciudad de México, se reúnen los principales representantes y accionistas de la empresa. Como principal punto de agenda, según se lee en la documentación disponible en el Centro Nacional de Registros (CNR), se somete a discusión el establecimiento de una empresa en El Salvador. Los presentes lo aprueban de forma unánime. Al nombre de la nueva constructora se le añade “sucursal El Salvador” al final. Entre las facultades está realizar negocios de servicios en la obra de ingeniería, arquitectura, diseño industrial, construcción y supervisión de cualquier tipo de infraestructura.
Preparando la entrada al país, la empresa matriz se inscribió formalmente en el Centro Nacional de Registro (CNR) el 27 de septiembre de 2021. La nueva, la sucursal, no lo haría hasta el 25 de noviembre. A los 17 días de estar inscrita, el 14 de octubre, la CEL la invitó a participar en la licitación para la construcción de dos puentes en los municipios de Carolina y San Antonio. El 2 de diciembre, el proyecto de $23.9 millones fue adjudicado a la firma mexicana, sucursal El Salvador.
En detalle, consiste en la construcción de un puente de 150 metros de longitud en Carolina valorado en $12.5 millones y otro de 130 metros de largo en San Antonio por $11.5 millones, además de las calles de acceso a los mismos. El objetivo, según se lee en el documento subido a Comprasal, es “garantizar la conectividad vial eficiente y segura dentro del área de influencia directa, que se vería interrumpida por el embalse El Chaparral”.
En el proceso de licitación participaron dos empresas más: Sbi International y Rodio Swissboring. Esta última es de sobra conocida para la CEL. Ha ganado cuatro contratos, varios de ellos todavía vigentes, relacionados con la presa El Chaparral por un total de $46.3 millones. Todos ellos han sido otorgados por contratación directa, a dedo, amparados en la declaración de urgencia declarada por el consejo directivo en 2020. Para conocer más sobre esto y el caso de los puentes se contactó a Gabriela Montoya, encargada de cotizaciones de Rodio Swissboring, quien expresó que nadie podía dar declaraciones al tratarse de un proyecto con el gobierno.
En México, Contratista General ha trabajado poco para el gobierno en los últimos años. Según el sitio web del sistema de contrataciones públicas del Gobierno Federal, Compranet, ha ganado cinco contratos desde 2018 (tres el año pasado, uno en 2021 y otro en 2020). El más alto es de $12 millones y ninguno de los demás sobrepasa los $5 millones. En total, en el último quinquenio, el gobierno mexicano le adjudicó obras por poco más de $22 millones.
¿Una obra urgente?
Para aquellos proyectos que forman parte o están relacionados con la presa El Chaparral, como se dijo, la CEL dio luz verde a la contratación directa para, en principio, hacer los procesos expeditos aunque eso reste competencia y transparencia a los procesos.
Según Jonathan Sisco, abogado constitucionalista, el proyecto no debió ser declarado de urgencia. Asegura que existe la posibilidad de que lo hicieran así para evitar una competencia abierta. “Considero que la justificación no es válida, la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional es clara: se debe comprobar por qué razón no es posible realizar una licitación. En este caso, a mi parecer, se dio la justificación para darle apariencia de legalidad”.
En cambio, Graciela Ayala, abogada del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción ALAC Funde, considera que la declaración de urgencia está justificada; sin embargo, coincide con su colega en que se pudo haber hecho con más anticipación para que existieran más empresas compitiendo. “La resolución parece fundamentada, pero el punto es la planificación del proyecto. Si estaba desde el inicio de la obra (presa El Chaparral) por qué no se hizo en su momento”, cuestiona.
La necesidad de los dos puentes en la zona está ligada a la construcción de la presa dado que el embalse inundará varios metros del cauce. La CEL ya contemplaba esas obras para vehículos allá por 2007. El mismo expresidente Antonio Saca lo anunciaba en su discurso de la colocación de la primera piedra de la Presa Hidroeléctrica El Chaparral el 30 de septiembre de 2008. “Aquí mejoraremos 25 kilómetros de infraestructura vial y se abrirán 15 kilómetros más de calles y se dispondrá de dos puentes de paso vehicular”, dijo en ese entonces.
Ayala lamenta la falta de información para conocer cómo fue la decisión de escoger a la empresa ganadora, pues no se han publicado documentos con la evaluación técnica y económica de las participantes. Voz Pública hizo una solicitud de información a la CEL meses atrás, pero se dijo que todo lo relativo a la presa El Chaparral estaba bajo reserva por siete años.
Las instituciones que trabajan por la transparencia en los procesos públicos insisten en que los procesos de licitación pública que favorecen la competencia de empresas y la transparencia reducen el riesgo de corrupción y contribuyen a disminuir el costo económico de los proyectos al haber más ofertas.
De acuerdo con el sitio Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda, la CEL invirtió un poco más de $152.4 millones en el proyecto hidroeléctrico El Chaparral en 2022. La información no está segmentada por proyectos por lo que no es posible, por ejemplo, identificar el monto pagado a la empresa Contratista General por cada uno de los dos proyectos contratados y que suman $37 millones.
No obstante, la empresa dijo que han recibido $12.7 millones del contrato de los puentes, un poco más de la mitad del total de $23.9 millones. Del proyecto de las obras sociales ha recibido $2.2 millones, el 17% de los $13 millones del contrato.
En su visita a la presa El Chaparral de 2020, el presidente Nayib Bukele dejó este mensaje: “Este proyecto increíble se ha convertido de un monumento a la corrupción a un monumento a la eficacia y a la eficiencia”.
Documentos de la CEL sobre los proyectos de los puentes y de las obras sociales
