A Paola Arana la detuvieron de manera arbitraria cuando salió a comprar. Pasó 13 días encerrada en un centro de menores hasta la audiencia inicial cuando recuperó su libertad. Estando detenida recibió amenazas de jóvenes probablemente vinculadas a pandillas. A los pocos días de recuperar su libertad, la joven desapareció. Su madre la busca desde entonces.
“Mientras haya madres que lloran la desaparición de sus hijos (…) no puede haber paz”
Monseñor Óscar Romero, septiembre de 1977
La desaparición
Las cuatro palabras que encabezan este reportaje resumen el último mes del que hubo noticias de Paola Arana, una joven de Ciudad Arce, municipio de La Libertad.
Mariana vio a su hija la tarde del 26 de mayo por última vez. Paola tenía una infección en la garganta y decidió ir a pasar consulta a una clínica cerca de su casa. A eso de las 2:30 se despidió de su madre. Le dijo que no se tardaría mucho, que regresaría temprano.
Su mamá la recuerda como una chica alegre, pero introvertida, hogareña. Sus salidas se limitaban a ir caminando a la escuela donde Paola estudia noveno grado.
La joven no volvió esa tarde. Mariana comenzó a sentirse afligida con el paso de las horas, preguntándose dónde estaría. Temprano por la mañana, salió a la delegación de su municipio. “Fui a la Policía a ver si la podían buscar y me dijeron que no, que tenía que esperar en la casa, que iba a regresar”, comenta.
Cansada de esperar, el 29 de mayo regresó al puesto policial. Esta vez fue hasta Lourdes, en el municipio de Colón. Le atendieron como tuvieron que haber hecho el primer día en la otra delegación. Le tomaron la denuncia, les dejó una foto y le aseguraron que esa información la trasladaron a la Fiscalía.
Se cumplen 87 días desde que Paola salió de casa para pasar consulta en una clínica cercana. Mariana sigue sin noticias de su hija. Se siente impotente, desesperada.
Hipótesis principal
Para comprender la desaparición de Paola, hay que remontarse un mes atrás. El 26 de abril, la joven salió a comprar a una tienda cuando unos policías la interceptaron en el camino y se la llevaron detenida. “Yo me di cuenta porque hay bastante gente aquí en Ciudad Arce que la conocen a una. Vieron que se la llevaban los policías y fueron a avisarle a mi mamá. Luego, me contó a mí”, comenta.
Mariana asegura que su hija nunca anduvo en malos pasos. A los agentes no les importó. Se la llevaron a una de las instalaciones del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA) en Ilopango. En ese momento, Paola tenía 17 años. Hasta el 13 de mayo, en los primeros 48 días del régimen de excepción, esa institución registra 1,145 menores entre 12 y 18 años detenidos.
La joven pasó 13 días encerrada hasta la audiencia inicial cuando fue liberada. Esas escasas dos semanas le cambiaron la vida. Sentirse incomunicada, sin saber de nadie, fue horrible, como le contó a su madre, pero no lo más grave. En el encierro, tuvo una discusión con otras internas y le amenazaron.
Idalia Zepeda, abogada de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), organización que brinda apoyo jurídico a Mariana, indica que Paola estuvo detenida con otras adolescentes que posiblemente pertenecían a pandillas. “La mamá piensa que eso pudo ser lo que pasó, que cuando Paola salió, probablemente, la chica con la que discutió haya querido vengarse desapareciéndola”, añade.
En palabras de Zepeda, la joven fue una doble víctima del Estado al ser encarcelada primero y ver comprometida su seguridad al interior del centro de detención después.
Tiziano Breda, analista para Centroamérica del International Crisis Group, una organización comprometida con la prevención y resolución de conflictos, ahonda en la responsabilidad de las instituciones. “El Estado tiene la obligación de proteger los derechos de sus ciudadanos, estén en libertad o privados de su libertad. Si a raíz de un descuido de las autoridades, como por ejemplo mezclar a personas que pertenecen a pandillas con personas que no, sobre todo en el marco del régimen de excepción, entonces es claro que está fallando a esta obligación”, indica el especialista.
Hipótesis improbable
Mariana confiesa que también se pregunta si a Paola la capturaron de nuevo. “Yo no sé qué pensar. Los policías dicen que ella no está encarcelada, pero a saber si estará y no la habrán puesto en la información porque estas cosas pasan en este tiempo”, plantea, aferrándose a cualquier posibilidad.
Para la abogada, sin embargo, es poco probable que no haya información de una recaptura dos meses después. “En el caso de las mujeres quizá es más difícil (que eso suceda) porque los sitios para la detención son menos. Paola ya tenía 18 años cuando desapareció y tendrían que haberla llevado a Cárcel de Mujeres. La madre ha ido a preguntar y le dicen que no está ahí”, aclara sobre esa posibilidad.
Sin apoyo institucional
Zepeda critica la falta de apoyo institucional en este caso e insiste en que a Mariana no le tomaron la denuncia hasta el 29 de mayo, dos días después de haber ido a la PNC la primera vez. “El Protocolo de Acción Urgente (PAU) es un documento institucional que establece que se debe poner la denuncia inmediatamente la familia se entere que no se conoce el paradero de sus hijos o familiares. Obliga al agente policial o fiscal a tomarle esa denuncia de inmediato, con una hora o con cinco minutos de desaparecidos, es decir, sin ningún plazo”, explica la abogada.
Keyla Cáceres, historiadora e integrante de la colectiva feminista Amorales, atribuye esa práctica a una estigmatización de la Policía, sobre todo en los casos de la desaparición de mujeres. Una de las respuestas más comunes que se reciben de los agentes de la PNC, añade Cáceres, es que las jóvenes están con el novio, que pronto van a regresar y que no se deben preocupar. Algo así le dijeron a la madre de Paola.
“Cuando se cree eso, y se construye ese imaginario colectivo, lo que está pasando es, precisamente, que no se nos busque y que se nos deje en la impunidad como pasa en la mayoría de casos de desaparecidos en este país”, comenta.
Búsqueda de desaparecidos, en pausa
Sandra Chafoya es parte del Bloque de Búsqueda de Desaparecidos, un movimiento conformado por 30 familias que viven en carne propia este problema. Comenta que las autoridades se concentran en el régimen de excepción. “Cuando hemos logrado tener comunicación con autoridades policiales o fiscales nos han informado que nuestros casos están en pausa, o sea, no es algo que nosotros estamos suponiendo, eso está clarísimo”, asegura.
Además, Sandra lamenta la falta de información sobre las cifras de desaparecidos, lo que crea la sensación de que nada grave pasa en el país. “En algún momento decían en redes sociales que no era cierto que había personas desaparecidas, que estábamos tratando de desestabilizar emocionalmente a la población”, indica sobre las críticas que recibieron por denunciar sus casos.
Para Tiziano Breda no es una sorpresa que el Gobierno de Nayib Bukele oculte estas estadísticas. “Es parte de un patrón de ocultamiento y de disminución de la transparencia que ha venido implementando y aumentando con el tiempo”, comenta.
De enero a mayo, el último mes del que se tienen datos, había 577 denuncias de desaparecidos, según una información que la PNC envió a la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), una organización defensora de derechos humanos. Las estadísticas se publicaron en La Prensa Gráfica.
El problema continúa
El 25 de mayo, un día antes de la desaparición de Paola, la Asamblea Legislativa aprobó la segunda prórroga del régimen de excepción. “Ahora los salvadoreños sí se sienten seguros”, dijo la diputada Alexia Rivas minutos antes de votar a favor. “Debe seguir porque a la gente ya le gustó vivir en paz”, expresó el diputado William Soriano para argumentar su voto.
Por discursos como estos, Mariana no entiende cómo su hija pudo desaparecer. “Estos días han sido tremendos porque quién se iba a imaginar que iba a pasar esto”, dice.
“Solo le pido a Dios que aparezca”, ruega.
