Margarita de Ruiz se ha ido quedando sola con los años. A Marvin, el primer hijo que perdió, lo asesinaron las pandillas. Fue en 2019 y el joven murió acribillado al interior de la iglesia donde era ministro laico, ayudante del sacerdote. De los otros tres se encargó el Gobierno y el estado de excepción, todos detenidos de manera arbitraria a juzgar por los testimonios de las personas entrevistadas. A Miriam la detuvieron el día de Jueves Santo. A Nelson y Jaime después, el 11 de mayo, a 30 metros de la iglesia donde iban a asistir al novenario de un amigo.
Todavía no está sola. Pronto lo estará.
11 de mayo por la tarde. Margarita advierte a sus dos hijos que no salgan. Son los únicos que le quedan. Teme que los detengan por el régimen de excepción, así como hicieron con su hija Miriam. Nelson y su hermano Jaime insisten en salir, van a la iglesia. “Dios nos cuida”, le dicen para tranquilizarla.
A Nelson Ruiz le invade la tristeza. En realidad, le acompaña desde la muerte del padre Germán López. Había trabajado con él mucho tiempo y lo había cuidado más de un año, hasta el día de su muerte. Por ese motivo, aún con las advertencias de su madre, Nelson no iba a faltar al novenario de su amigo.
Viajan juntos en moto. Cuando se encuentran a unos 30 metros de iglesia San José de El Congo, en ese municipio santaneco, unos policías los detienen e interrogan. Todo parece normal, algo de rutina. Al pasar cerca, los conocidos que se dirigen al templo los ven y los saludan. Nos vemos allá arriba, les dicen.
Con la excusa de hacerles más preguntas, los agentes se los llevan a la delegación. En horas de la noche, Alfredo López, padre de esa iglesia, se presenta a las bartolinas a preguntar por ellos. Al principio le dicen que están detenidos porque Jaime había estado preso. Después, cambian la versión y dicen que es por agrupaciones ilícitas.
Los peores temores de Margarita se cumplen. No vuelve a saber de sus hijos desde ese día.
Incapacidad del Estado
Que Jaime haya estado preso no es un argumento legal para detenerlo, mucho menos para detener a los dos hermanos, apunta David Morales, exprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos. “Demuestra la incapacidad del Estado, la Fiscalía y la Policía, de investigar si esa persona cometió un nuevo delito. Nadie puede ser juzgado por un delito que cometió y cumplió la pena”, sentencia el abogado.
Jaime Ruiz tuvo un problema con la justicia en el pasado, cumplió su condena y fue liberado en 2019. Hasta el estado de excepción, Nelson nunca había estado preso. Al final, como a cientos, tal vez a miles de inocentes, según las denuncias recibidas por las organizaciones de derechos humanos, los acusaron de pertenecer a pandillas.
Ángel para los feligreses
Nelson Ruiz trabaja en la iglesia San Rafael Arcángel desde hace más de 10 años. Es ministro laico, la persona que le ayuda el sacerdote. Es conocido como Ángel.
También se encarga de orientar a los jóvenes de la población LGTBIQ+ que han sido expulsados de sus hogares y brindarles apoyo en educación. La atención a estos grupos vulnerables es uno de los programas de la Iglesia episcopal anglicana.
A David Alvarado, obispo diocesano de la Iglesia anglicana, le sorprendió la detención de Nelson. Lo conoce a él y a su familia, y se refiere al joven como un “muchacho tranquilo”. Unos días antes del hecho, tuvo la intención de entregarle un documento que respaldase el trabajo que realiza en la Iglesia. Temía que lo detuvieran por su labor en las comunidades. “Es importante que tengás una carta mía”, recuerda que le dijo. “Lo habíamos pensado, pero lo pensamos muy tarde”, se lamentó después.
A los pocos días de la detención de Nelson, la Iglesia publicó un comunicado en el que expresaba su rechazo al régimen de excepción. Lo hacía “por el elevado número de casos de arrestos arbitrarios” y para exigir “investigaciones más exhaustivas” al Estado. Nada que no fuese una obligación legal para las autoridades. Nada distinto de lo que vienen denunciando las organizaciones de derechos humanos.
Como en tantos casos de detenciones arbitrarias, las familias e hijos de los arrestados quedan desprotegidas. Al obispo Alvarado le preocupa la madre de Nelson. “El problema más grave es que la mamá, que es empleada doméstica, no tiene los recursos necesarios. Nelson le ayudaba económicamente”, afirma.
Margarita se quedó sola, ningún hijo vive con ella. Miriam Ruiz, su única hija, fue arrestada el 14 de abril, día de Jueves Santo, cuando se dirigía hacia la iglesia. Como Nelson y Jaime. Esa noche, la policía se la llevó a ella, a su esposo y a su cuñado de 19 años. Dos niños de corta edad quedaron a cargo de su suegra.
Los tres hijos de Margarita continúan encerrados, los tres bajo detención provisional por el delito de agrupaciones ilícitas, el que atribuyen a la inmensa mayoría de los detenidos. Con el estado de excepción, una vez pasada la audiencia (casi siempre masivas en los tribunales) probablemente pasen seis meses más detenidos. Además, ese periodo es prorrogable por lo que una persona puede pasar hasta dos años encerrada sin ser condenada y siendo inocente.
Una vida afectada por las pandillas
Margarita habla de las pandillas con la seguridad de alguien que ha vivido y sufrido ese problema por años. Su vida ha sido “un verdadero calvario” desde 2011.
Ese año, con su familia, emprendieron un negocio de verduras. Como les empezó a ir bien atrajo la atención de unos y otros. Su éxito les cambió la vida para mal. No pasó mucho tiempo cuando se presentaron unos pandilleros y les pidieron 600 dólares, un monto que entonces no podía pagar. A la negativa siguieron las amenazas. “Yo no los di y entonces me dijeron que me iban a matar a un hijo”, recuerda.
“A los días me llegaron un montón de mareros. A uno de mis hijos (Marvin) le metieron cuatro balazos, a Nelson le dieron cuatro machetazos en la cabeza y el otro (Luis) huyó”, relata Margarita.
Los dos sobrevivieron a la gravedad de las lesiones. Pasaron como un mes en cuidados intensivos. Nelson, a raíz de las heridas, quedó con secuelas para el resto de su vida. Margarita vive en una constante aflicción por eso, porque no sabe nada de él en prisión. “A mí lo que me preocupa de Nelson es que padece una enfermedad, convulsiona. Y me da miedo que le den un golpe en la cabeza porque supuestamente en la cárcel les pegan”, dice de su hijo, encerrado en el penal de Izalco.
Su temor no es infundado. Desde el régimen de excepción, al menos 33 personas han muerto al interior de los centros penitenciarios hasta el 6 de junio, según la organización Cristosal.
en sus publicaciones en papel y digital.
Las pandillas de la zona, las dos, siempre lo dice siempre en plural, no dejaron de intimidar a sus hijos. Bien dicen que nunca olvidan y siempre cumplen sus amenazas. En 2019, ocho años después, mataron a Marvin.
Marvin era parte del Ministerio de Embajadores de Cristo en la iglesia Filadelfia, en Santa Ana. El día de su asesinato, elaboraba un presupuesto para vender panes y así poder recaudar fondos para hacer camisas y regalarlas a unos maestros de la iglesia. En eso estaba cuando una decena de pandilleros se presentaron en la iglesia. Iban encapuchados, preguntaron por él y le dispararon a quemarropa. Marvin murió al instante, recoge una publicación de El Diario de Hoy.
Margarita cree que su pecado original fue no pagar la extorsión y que de haberlo hecho su vida sería muy distinta. “Si hubiera dado ese dinero todavía trabajaríamos. Me arrepiento porque el dinero no es la vida. Nos sirve para sobrevivir, pero no es la vida. Mis hijos están dañados”, dice desconsolada.
Audiencias generales
A David Morales, también representante de Cristosal, le preocupa el rol de la Fiscalía y los tribunales de justicia en las violaciones de los derechos humanos que suceden en el régimen de excepción. El Ministerio Público presenta los requerimientos y pide detenciones masivas. Hay audiencias de 100, 300 y hasta 600 detenidos donde la Fiscalía es incapaz, apunta Morales, “de individualizar conductas delictivas contra las personas procesadas, por lo tanto no habría méritos para detenciones provisionales”.
Morales afirma que la estrategia de la Fiscalía es presentar listados de detenidos con “análisis de contexto”, es decir, se basa simplemente en la situación de inseguridad de ciertas comunidades, pero no vincula a las personas con delitos. “Lo grave de lo que ocurre en estas audiencias es que estas solicitudes fiscales, que no cumplen los requisitos mínimos para procesar personas, son resueltas por los jueces especializados en automático, es decir, se decreta la detención provisional en casi todos”, asevera.
Algo así les pasó a Nelson y Jaime recluidos en el centro penal de Izalco. En la audiencia general en la que les tocó, ninguno del grupo de imputados fue liberado. El exprocurador de Derechos Humanos lo explica diciendo que es imposible ejercer el derecho a la defensa en una coyuntura donde hay más de 36,000 capturados en menos de tres meses.
El Salvador se ha convertido en el país del mundo con la tasa de personas presas per cápita más alta del mundo, por delante de los Estados Unidos, según reveló un informe de Amnistía Internacional, un movimiento global que promueve los derechos humanos.
Antes del régimen de excepción, El Salvador tenía una tasa de 609 personas presas por cada 100,000 habitantes. Dos meses después, es de 1,164 personas, casi el doble.
Las políticas de seguridad que el Gobierno de Nayib Bukele aplica no son del todo nuevas ni desconocidas. Morales recuerda que las detenciones arbitrarias fueron una práctica de los gobiernos de ARENA. El expresidente Francisco Flores aplicó el plan Mano dura y Antonio Saca, el Súper Mano Dura, que básicamente fueron políticas de capturas masivas. Eso sí, no con las dimensiones del régimen de excepción.
Explica que la aplicación de esa estrategia tuvo consecuencias negativas ya que hizo que la forma de organización de las pandillas cambiara en el país. “Ese es el momento en que las pandillas consolidan su ranfla nacional, instauran y generalizan el delito de extorsión como su principal negocio criminal, y se fortalecen. El fracaso de “la mano dura” tuvo ese resultado”, apunta Morales.
Tristeza de madre
Con un hijo asesinado a manos de las pandillas y otros intentos de homicidio sufridos en su familia, Margarita no entiende que a los hijos que le quedan vivos los hayan metido presos por tener relación con grupos terroristas. “No nos pueden acusar de que somos de esta o de la otra, porque con las dos hemos tenido problemas. Huimos de las dos. Y de la policía también”, se lamenta.
“Me da tristeza estar sola, no tengo ningún hijo”, sentencia.
