Los hermanos César y Wilber Flores son estudiantes. El día de su captura habían pasado buena parte de la tarde y noche en una biblioteca comunitaria. Ni estar identificados como tales ni los ruegos de su madre impidieron que se los llevaran de su casa. Al menor lo liberaron un día después. El mayor, el sostén económico de la familia, sigue preso en el Centro Penal La Esperanza. Abogados advierten de la vulneración de derechos que se comenten por detenciones arbitrarias y acusaciones infundadas, y como les marca el futuro de las personas inocentes. “Después de difamarlos y encarcelarlos difícilmente les restituyan el empleo que tenían”, advierte una penalista.
A la hora que los cinco soldados irrumpieron en el hogar de la familia Flores, los hermanos César y Wilber seguían estudiando en la biblioteca comunitaria del municipio de San Juan Opico, en La Libertad. Como la conexión a internet no es buena en su casa, decidieron quedarse en ese centro hasta terminar las tareas. César estaba en semana de parciales y tenía que enviar la última entrega. Estudia Ingeniería Mecánica en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Wilber trabaja y estudia. Combina la venta de verduras con los cursos de inglés en el Instituto Tecnológico Centroamericano (ITCA).
Bien entrada la noche del 19 de abril, de regreso a su casa en moto, una pareja de soldados les hizo el alto. Les revisaron sus documentos personales y sus celulares. Una vez comprobaron que eran estudiantes les ordenaron continuar su camino.
Al llegar a su casa, los jóvenes se sorprendieron al ver a otro grupo de militares adentro, esperándolos. De nuevo, se identificaron, sacaron sus carnés de estudiante y entregaron los celulares. De nada les sirvió esta vez. Iban con la consigna de llevárselos. “Nosotros a traerlos venimos porque ellos son mareros”, asegura Alba, la madre, que repitieron en distintos momentos.
Al filo de las 12 de la noche se los llevaban detenidos. No serían los únicos ese día. En los caseríos y comunidades de esa zona, otros 18 jóvenes fueron apresados.
El 20 de abril, unas horas después de la captura de los hermanos Flores, la cuenta oficial de la Fuerza Armada en Facebook publicaba una fotografía con los resultados del día anterior acompañada del siguiente texto: “En las últimas horas hemos ubicado en el cantón Las Brisas, Colón, La libertad, a 20 pandilleros… Fueron entregados a la PNC”. En la foto aparecen César y Wilber.
La institución castrense mantiene esa publicación en sus redes pese a que César fue liberado un día después y que su hermano, asegura la familia, nunca ha tenido relación con grupos delincuenciales.
Lucrecia Sandoval Landaverde, abogada penalista, ahonda en la vulneración del derecho al honor y en la acusación calumniosa, otro delito que se suma a la lista de derechos que las fuerzas de seguridad violan en muchas de las detenciones. “Les destruyen la familia, sus empleos, porque después de difamarlos y encarcelarlos difícilmente les restituyan el empleo que tenían. Y si quieren intentar hacer un proceso migratorio, ese antecedente les afecta hasta para que les den visa”, agrega la abogada.
César es consciente de ese daño irreparable que acarrean esas acusaciones de agrupaciones ilícitas en su futuro, en especial, a la hora de solicitar un trabajo. “Me puse a pensar en eso, en la desconfianza que genera y la imagen de la persona que queda dañada por cosas que no son ciertas”, afirma el joven.
Más derechos violentados
La casa de los Flores está ubicada en una finca de café en el municipio de Colón, donde trabaja como jornalero Arnoldo Hernández, el padre de los hermanos. «Yo estaba dormido cuando vi que estaban abriendo la puerta», recuerda Arnoldo. Los soldados entraron a su casa con violencia, botando hasta los pasadores de las puertas.
La Fuerza Armada, explica Landaverde, no puede allanar casas ni detener personas. Esa no es su función y, por lo tanto, es ilegal, refiriéndose también al caso de los hermanos. “Su función institucional y constitucional no es esa”, enfatiza. “Ni siquiera la policía puede realizar allanamientos si no es con una orden judicial y con presencia y dirección de la Fiscalía General de la República”, recuerda.
En pocas palabras, asevera que nada de lo que está ocurriendo tiene asidero legal. “Ni el régimen de excepción ni las capturas ni los procesos judiciales se desarrollan bajo los principios constitucionales”.
Sostén familiar
Cuando habla de Wilber, su hijo detenido, Alba Flores rompe en llanto. No se puede contener. Con la voz entrecortada relata cómo su vida y la de su familia han cambiado desde entonces. Además del impacto anímico, la angustia ante las dificultades económicas crece con el paso de los días. “Él era mi brazo derecho, el que le ayudaba a mi esposo a trabajar, a mantener a los tres niños que están estudiando”, confiesa.
A César lo liberaron al día siguiente de ser capturado, horas después de haber sido expuesto en público. Wilber, en cambio, no corrió esa suerte. El joven está detenido en el Centro Penal La Esperanza. Hace unas semanas le decretaron detención provisional. Probablemente, siga encerrado seis meses más.
Mauricio Escamilla, abogado que lleva su caso, explica que su detención es ilegal porque no se cumplen los presupuestos procesales necesarios, es decir, no se logra comprobar si el imputado es culpable o no. “Cómo van a comprobar la participación del imputado en el delito sin una investigación previa, porque la investigación la planean hacer después”, añade. “Ahora, todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario”, agrega en alusión al artículo 12.
En su opinión, en la mayoría de las detenciones no hay un indicio válido y lo que ocurre es una estigmatización. “El hecho de vivir en una zona conflictiva o de vestirse de una manera determinada puede ser motivo de detención».
Su colega penalista secunda esas palabras y añade que si no existe la certidumbre de que una persona participa en estas organizaciones criminales no se puede justificar su detención provisional. “No se puede culpar a una persona por tener duda”, dice. “Se procesa a una persona porque se tiene certeza o tal vez probabilidad de que esa persona participa en esos hechos delictivos”.
Arnoldo, el padre de Wilber, se siente mal de que acusen a su hijo de pertenecer a pandillas cuando nunca se ha metido en eso. “Está mal porque se están llevando a gente que no debe nada, que agarren al que la debe, pero están agarrando al que cae”, critica sobre el régimen de excepción.
Como otros tantos, no pierde la esperanza de volver a ver a su hijo. ”Yo voy todos los días al penal a ver si me lo dan”.
Dos meses de régimen
El régimen de excepción en El Salvador comenzó el 27 de marzo como reacción a los 87 asesinatos ocurridos en solo tres días, atribuidos a la Mara Salvatrucha-13 en venganza contra el Gobierno, tras romper las negociaciones que mantenían desde 2019, según audios revelados por El Faro.
El plazo del régimen se extendió por 30 días más, es decir, hasta el próximo 27 de mayo. La discusión de otra prórroga está en la Asamblea Legislativa.
Al 23 de mayo, según la cuenta oficial de la PNC, la cantidad de personas detenidas superaba las 33,800.
Diferentes organizaciones han denunciado una cantidad considerable de violaciones a los derechos humanos. Cristosal ha recibido cerca de 700 denuncias en ese periodo.
