La administración Biden concede una gran importancia a la lucha contra la corrupción y la gobernabilidad democrática en el Triángulo Norte, dos de los cuatro pilares sobre los que se asienta su estrategia hacia la región para frenar la migración irregular. Una parte de ese plan es la llamada “lista Engel”.
Este sábado, 26 de junio, se cumplen 180 días de la promulgación de la Ley de Compromiso de Mejora entre Estados Unidos y el Triángulo Norte por el expresidente Donald Trump. Se cumple, por lo tanto, el límite de tiempo que establece esa normativa para que el mandatario Joe Biden presente la llamada “lista Engel” al Congreso como parte de una estrategia quinquenal de apoyo a la región.
Sobre esa lista, que lleva el nombre del autor de la ley, Eliot Engel, excongresista demócrata, la normativa dice que es un informe obligatorio, no clasificado (público) salvo un anexo si fuera necesario, con los nombres de las personas que hayan participado en acciones que socavan los procesos democráticos, en casos de corrupción u obstrucción de investigaciones de esos actos en los países del Triángulo Norte, es decir, El Salvador, Honduras y Guatemala.
Acto seguido, la ley amplía lo relativo a la corrupción a los actos vinculados con contratos gubernamentales, soborno y extorsión, facilitar ese delito a través del lavado de dinero y, por último, a hechos violentos o acoso hacia aquellos que indagan estos casos.
Wilson Sandoval, abogado y coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), confirma que el 26 de junio vence el plazo legal para que la lista Engel se presente al Congreso y su contenido sea público. “La ley sí menciona aspectos de forma dispersa relacionados con las violaciones de derechos humanos, narcotráfico. Hay ciertas agencias (de Estados Unidos) que deben certificar la información que se le presenta al Departamento de Estado sobre la situación en el Triángulo Norte”, apunta Sandoval sobre personas vinculadas a otros delitos, aparte de la corrupción, que pudieran estar incluidas en ese listado.
En el capítulo de sanciones, la ley indica que las personas señaladas no serán elegibles para obtener un visado o cualquier otra documentación para entrar a los Estados Unidos. Si ya lo tienen, será revocado de manera inmediata. Una excepción que la ley incluye para no aplicar las sanciones es que vaya en interés de la seguridad.
El informe en cuestión, la lista Engel, será de carácter público a excepción, obviamente, de la parte no desclasificada si la hubiese. Ahora bien, el presidente Joe Biden tiene la última palabra en cuanto a la publicidad de la lista. “En cualquier caso en el que el presidente llegue a la conclusión de que dicha publicación sería perjudicial para la seguridad nacional de los Estados Unidos, sólo se publicará una declaración de que el presidente ha tomado una determinación o conclusión, incluyendo el nombre y la sección de la ley en virtud de la cual se hizo”, indica la normativa.
Vinculados a corrupción
El pasado 17 de mayo se hicieron públicos los nombres de cinco funcionarios y exfuncionarios salvadoreños vinculados en actos de corrupción o narcotráfico. Carolina Recinos, jefa de gabinete del gobierno del presidente Nayib Bukele, aparecía en ese informe junto con el exdirigente del FMLN y de Alba Petróleos, José Luis Merino; el exministro de Seguridad de la administración actual, Rogelio Rivas; el diputado del partido Gana, Guillermo Gallegos, y el exdirigente del FMLN, Sigfrido Reyes.
El listado, clasificado inicialmente como secreto, fue desclasificado y enviado por el Departamento de Estado al Congreso en respuesta a una petición de la congresista por California, Norma Torres.
Planes para la región
La Ley del Compromiso de Mejora entre Estados Unidos y el Triángulo Norte, Ley HR 2615, indica que la administración Biden debe presentar al Congreso una estrategia de cinco años enfocada en promover la prosperidad, mejorar la seguridad, combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática en los países del Triángulo Norte. El fin es, como en administración pasadas, es reducir la migración hacia el norte mejorando la calidad de vida en los países de origen.
Cada área tiene una serie de puntos específicos. Así, en la parte de gobernabilidad, hay un apartado dirigido a que se garantice que las amenazas y ataques a periodistas, líderes sindicales y defensores de los derechos humanos, entre otros, se investiguen y los autores rindan cuentas por ello.
Esta estrategia contará con indicadores que permitan medir los avances cada año tanto en la reducción de la migración como en la mejora de las condiciones de vida de los países centroamericanos.
De acuerdo con el registro del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, 711,800 migrantes han sido detenidos en la frontera sur hacia de los Estados Unidos en los primeros cinco meses del año. De ese número, 306,600, el 43% del total, procedían de la zona conocida como el Triángulo Norte.
