Las salvadoreñas no viven en el país más seguro del hemisferio occidental, como abandera el Gobierno de Nayib Bukele, ni siquiera están seguras cuando de violencia sexual se trata. El Salvador registró una tasa de 253 casos por cada 100,000 mujeres en 2024, el doble que Costa Rica, el triple que España y una cifra que supera con creces la de Guatemala y Colombia, al realizar un ejercicio comparativo. El panorama es más sombrío con el delito de violación, que afecta más a niñas y jóvenes. La Fiscalía salvadoreña registró 2,749 casos ese año, lo que convierte al país en uno de los más violentos entre los diez evaluados para este reportaje. Desde la organización de mujeres Ormusa, denuncian la falta de interés por brindar una respuesta integral, el cierre de espacios y la reducción de recursos para la atención.
María tiene 53 años, tres hijos y es originaria de un pequeño distrito del departamento de Sonsonate, en el occidente de El Salvador. Casada durante 35 años, su esposo comenzó a agredirla cuando ella supo que él la engañaba. Le quitaba el teléfono, no le daba el dinero para la comida, la golpeaba y le forzaba a tener relaciones sexuales. Harta de tanta violencia, un día lo dejó y se fue a trabajar a la capital, San Salvador. Sus visitas a la comunidad se limitaron a estar con su hijo pequeño, entonces aún menor de edad.
María rompió con su pasado gracias a su amiga Ángela, quien la contactó con una red de mujeres víctimas de violencia de género. Tienen edades entre 20, 30, 50 y hasta 60 años. «Por los testimonios que damos, te puedo decir que la mayoría hemos sufrido todas las clases de violencia», describe esta líder comunitaria. La violencia, cuenta Ángela, golpea en los hogares y también afuera. «No solo es penetración (violaciones), también hay piropos, tocamientos en los caminos, en los buses».
Ángela no exagera. La Fiscalía General de la República (FGR), la única institución que aún publica información de esta naturaleza, registra 8,083 casos de violencia sexual de los que 2,749 son violaciones, entre junio de 2024 y mayo de 2025.
Las denuncias superan las de cualquier otra violencia de género -física, psicológica, patrimonial-. El delito de violación es el segundo más común entre los de mayor impacto social por detrás de los robos y hurtos, y por delante de otros como los relacionados con asuntos de drogas.
Los casos de violencia sexual incrementaron un 28% en promedio anual en el último quinquenio en comparación con el anterior, 2015-16 a 2019-20, paradójicamente, uno de los periodos más violentos de la posguerra. En el caso de las violaciones, lo hicieron en un 3.6%, según las memorias de labores anuales de la Fiscalía. La estadística agrupa delitos como violación, agresión y acoso sexual, estupro y posesión de pornografía.
La Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), en su artículo 9, define la violencia sexual como toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir de manera voluntaria su vida sexual, cualquier forma de contacto o agresión. Como violencia de género, se ejerce sobre la mujer por el hecho de serlo y en un marco de relaciones de poder y desigualdad.
La Encuesta Nacional de Violencia Sexual contra las Mujeres de 2019 realizada por la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc) advertía entonces de una violencia generalizada. Dos de cada tres salvadoreñas de 15 años o más habían sufrido algún hecho de violencia sexual en su vida. Solo en el año previo a la publicación, el 23% había padecido este fenómeno.
La otra cara del país «seguro»
¿Cómo encaja esta realidad que enfrentan las mujeres en lo que se promociona desde el oficialismo de Bukele como «el país más seguro del hemisferio occidental»? ¿Qué tan seguro es este país para ellas? ¿Qué tanto con respecto a los países vecinos? Voz Pública comparó las variables de violencia sexual, violación y femicidios de una decena de países de Centroamérica (Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá) y Sudamérica (Colombia, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay), además de México y España. Los datos provienen de fuentes oficiales en su mayoría y corresponden al año 2024, salvo en el caso salvadoreño que la Fiscalía registra el periodo de junio de 2024 a mayo 2025. Los delitos se escogieron por la gravedad e impacto que representan para el 52.8% de la población salvadoreña.
El Salvador tuvo una tasa de 253 casos de violencia sexual por cada 100,000 mujeres, la segunda más alta después de Panamá. En el istmo, Costa Rica, con 133 casos, y Guatemala, con 159, registraron casi la mitad de casos. México y Colombia, los dos países más poblados, también tuvieron cifras inferiores. Con tasas arriba de 200, Chile, Bolivia y Paraguay fueron los que más se acercaron al valor salvadoreño.
En el caso de Honduras, los datos oficiales son tan bajos que levantan dudas. Este medio buscó una explicación con el Ministerio Público, vía mail, y consultas a responsables de observatorios de la mujer de universidades y periodistas. Los contactos compartidos no tenían la información, enviaron otra no solicitada o no contestaron.
El delito de violación es el más grave de los agrupados en la violencia sexual. De nuevo, El Salvador se ubica arriba, el tercero con una tasa de 86 casos por 100,000 en un podio que comparte con Panamá (117) y Bolivia (103). La tasa salvadoreña duplica la de Guatemala, Colombia, Chile y Paraguay, un país con una población similar. Uruguay, con 10, es el más seguro, por encima de España (17).
También se calculó la tasa de feminicidios por su vinculación estrecha con la violencia sexual. El Salvador registró 0.8 casos por cada 100,000 mujeres, la más baja por detrás de España (0.19) y Chile (0.52). México tuvo una tasa mayor (1.16) para 852 feminicidios registrados en 2024. La cifra representa el 24% de las más de 3,000 muertes violentas de mujeres de ese año.
Una investigadora salvadoreña con amplia experiencia en violencia y seguridad, quien pidió omitir su identidad por temor a represalias, revisó los resultados comparados. “Esto evidencia que (El Salvador) está lejos de ser el país más seguro del hemisferio occidental, y que estrategias de populismo punitivo como las de Bukele generan efectos contraproducentes, que hacen que la violencia se reconfigure y se desplace hacia ámbitos sociales y comunitarios”, asegura la especialista.
La experta lamenta la falta de políticas para prevenir la violencia. “Contrario a ello, la evidencia muestra que, en contextos de militarización de las comunidades, restricción de derechos y atropellos a los derechos humanos, aumenta la violencia en contra de las mujeres. Se refuerza la cultura autoritaria y los modelos de masculinidades violentas que legitiman el uso del poder sobre los cuerpos y favorecen la cultura de la violación”, describe la analista.
La investigadora alude sin mencionarlo al régimen de excepción, una medida extraordinaria que se implementó en marzo de 2022 y se ha prorrogado cada mes desde entonces. El éxito en el combate a los grupos criminales y la reducción de los homicidios se ve, en parte, empañado por las miles de capturas arbitrarias y el irrespeto a derechos como la defensa y el debido proceso de los detenidos.
Celia Medrano, defensora de derechos humanos salvadoreña, habla de la normalización de la violencia contra la mujer. “Si ya de por sí es muy difícil (denunciar la violencia sexual), ahora que te amenazan con llevarte detenido en el marco del régimen de excepción, mucho menos una mujer que es víctima lo va a denunciar”, enfatiza.
Un ejemplo es José Cortez Henríquez, capitán de la Fuerza Naval en Puerto El Triunfo, Usulután, quien aprovechó su posición de poder para abusar de mujeres en el régimen de excepción, como reveló un reportaje del medio digital Focos. “Un acosador de mujeres y niñas que abusó de su poder para forzar a muchas de ellas a tener relaciones sexuales con él; un oficial que ordenó la detención arbitraria de cientos de personas y permitió golpizas a los capturados (…)”, describe la publicación a finales de 2023. Recientemente, la Revista Elementos reveló que el militar había recuperado su libertad luego de pasar apenas unas semanas arrestado.
Menores de edad, principales víctimas
La violencia sexual se concentra en las niñas y adolescentes. Casi dos de cada tres casos, el 61.4% para ser exactos, está en el rango de los 10 a 19 años, según el documento Hechos, Estado y Situación de la Violencia contra las Mujeres del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) del año 2022, el último publicado con este tipo de información.
La tasa de víctimas entre los 13 y 17 años es la más elevada con 1,082 casos por 100,000 mujeres seguida por las niñas de cero a 12 años con 174 casos y las jóvenes, entre los 18 y 29 años, con una tasa de 129 casos para el año del estudio.
El documento Mapa de embarazos en niñas y adolescentes 2025 del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) revela 7,900 adolescentes embarazadas en 2024, de acuerdo con el registro de inscripciones en el sistema de salud. En el caso de niñas menores de 15 años fueron 361, prácticamente una por día. La reducción de embarazos en ese rango de edad se viene ralentizando en los últimos años. Como muestra, en 2015 se registraron 1,437. Cuatro años después, en 2019, 554 y, cuatro más tarde, 436 casos. «Aún se registran casos de embarazos en niñas menores de 14 años, y la mayoría de estos casos son producto de violencia sexual», indica la institución en un mensaje reciente en X.
El informe Dos de cada tres mujeres sufren violencia en El Salvador, de 2022, elaborado por UNFPA, destaca una «realidad preocupante» y llama a un compromiso mayor de las instituciones del Estado para protegerlas. «No ocurre solo en las calles o en los hogares, sino que las mujeres enfrentan estas situaciones en todos los ámbitos y esferas de la vida. Las mujeres salvadoreñas simplemente no están seguras en casi ningún lugar», subraya el documento que analiza la mencionada encuesta nacional de 2019.
El estudio añade que el 66.1% de mujeres había sufrido violencia sexual en el ámbito público, otro 5.3% en lo privado y el 28.6% restante en ambos. Pese a la cantidad de abusos, solo denunciaron el 16% de las agredidas en lo privado y el 2% de las violentadas en el espacio público. Muchas no buscan ayuda porque no saben dónde ir, normalizan la violencia o tienen miedo, explica el UNFPA en el informe.
Sobre el tipo de violencia, en los sitios públicos predominan los piropos con insinuación sexual, alusiones a tener relaciones sexuales en el trabajo u otros lugares y agresiones. En general, el agresor más común no es conocido por la víctima. En cambio, en lo privado, la expareja y la pareja son los más identificados y las agresiones más comunes son, por este orden, frases peyorativas, forzar a tener relaciones sexuales, golpes y forcejeos para acceder a tener relaciones. En la juventud, de 15 a 19 años, el principal agresor es la expareja, seguido del primo y el tío en el ámbito privado.
Sin respuesta integral del Estado
Rhina Juárez es la coordinadora del Centro de Atención Legal y Psicológica de la Organización de Mujeres por la Paz (Ormusa). La institución presta servicios legales, sociales y psicológicos a mujeres víctimas de violencia desde hace 21 años.
Con la llegada del Gobierno de Bukele, Juárez plantea que se ha reducido el abordaje especializado de atención. “Hay un total desprecio y desinterés en brindar una respuesta integral a poblaciones específicas como las mujeres, las de diversidad sexual… Hay unidades municipales de la mujer, unidades de género con pocos recursos; una serie de aspectos que ya teníamos un poco ganados y sobre los que íbamos trabajando, que ahora no los tenemos”, denuncia.
En sus informes, el UNFPA insiste en la necesidad de redoblar esfuerzos para llegar a las mujeres que sufren violencia, para que conozcan los servicios y puedan ser atendidas, así como facilitar su acceso a la justicia y combatir así la impunidad.
Ormusa tiene dos psicólogas y este año registra 190 mujeres atendidas por primera vez hasta septiembre. El perfil de la víctima que busca ayuda es una mujer entre 18 y 35 años. Mayormente, porque los agresores están en el hogar -padres, padrastros, tíos…-, un espacio donde existe una relación de poder y confianza.
La psicóloga Jaqueline García afirma que las pacientes no siempre asisten a una terapia por una agresión sexual. Eso se conoce en las charlas y es ahí donde se dimensiona la violencia que viven. «Venimos de mujeres que han sido violentadas sexualmente, pero no solamente ellas, mamás, abuelas, primas…», afirma García.
Ormusa no coincide con la etiqueta que se promociona desde el oficialismo, sobre un país seguro para las mujeres, dada la alta demanda de víctimas que reciben a diario como consecuencia de una deuda histórica y de la violencia actual.
Eficacia en duda
La Fiscalía acompaña las cifras de violencia sexual con un incremento sustancial en las condenas por este tipo de delitos. De 728 en 2019-20 a las 1,867 en 2024-2025. En el último año se indica, además, que cerca del 85% de los casos que llegaron a la etapa de juicio, a la vista pública, terminaron en una condena.
Aunque las condenas se han más que duplicado por estos delitos en los últimos años, Ormusa relativiza los datos cuando incluye en la ecuación el total de casos judicializados y no solo los que llegan a la etapa final. «Por ejemplo, el 12% de los casos judicializados por delitos sexuales entre 2018 y 2021 concluyó con una sentencia condenatoria», puntualiza Juárez sobre la impunidad que rodea a este delito.
Habla de una «eficacia limitada» en la persecución penal de los delitos de violencia sexual, en parte por fallas en las fases intermedias, es decir, en los procesos de acusación formal e investigación, por ejemplo. «La experiencia nos dice que tenemos una gran masa de hechos denunciados, pero los que llegan a condena son pocos», resume la coordinadora.
Ormusa aboga por una respuesta oportuna, integral y laica en la administración de justicia, algo que a su juicio, no se da y que, en ocasiones, revictimiza a las mujeres en los distintos procesos.
La especialista en violencia y seguridad añade otro matiz. «La investigación de hechos de violencia de género y en el ámbito jurisdiccional de familia se vio atrasada en el sistema de justicia ante la priorización del proceso de casos del régimen de excepción».
El Gobierno de Bukele, a su juicio, se enfoca más en la imagen y publicidad que busca mostrar resultados rápidos, que respondan a demandas mediáticas. «La reducción de homicidios vende; la disminución de la violencia de género, no», sentencia.
Voz Pública solicitó una entrevista con las autoridades de seguridad a través del secretario de prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, para conocer su reacción ante el alza de los delitos sexuales contra la mujer en los últimos años. El funcionario no atendió la solicitud.
*Se utilizan nombres ficticios de las víctimas de violencia para proteger su identidad
Sobre el cálculo de tasas
. Las estadísticas de violencia y población se obtuvieron de los canales oficiales de las instituciones de seguridad de cada país o, en algún caso en particular, de sitios que retoman las cifras de esas fuentes.
. Todos los países tienen un subregistro de casos de violencia (mujeres que no denuncian) que varía en función de la confianza de ellas en las instituciones.
. Puede ocurrir que no todos países incluyan los mismos delitos bajo la capa de violencia sexual. En cualquier caso, son las cifras oficiales que cada país publica.
