El contrato otorgado es por casi $3.9 millones y establece un año para la ejecución de los trabajos. El ministerio se valió del decreto 849, destinado a proyectos relacionados con el turismo bajo una supuesta urgencia, para obviar requisitos como la competencia y publicidad que exige la Ley de Compras Públicas. Desde Acción Ciudadana se advierten posibles riesgos con este tipo de contrataciones como sobrecostos en obras y beneficios en manos de pocas empresas. Constructora Disa es una de las empresas favoritas del MOP a juzgar por los contratos recibidos en proyectos millonarios como el Cecot y las obras en la UES para los juegos centroamericanos, todos adjudicados sin procesos de licitación pública.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) contrató a la empresa Constructora Díaz Sánchez S.A de C.V. (Constructora Disa) para los trabajos de canalización subterránea y acometidas de redes eléctricas y de telecomunicaciones en el Centro Histórico de San Salvador por un monto de $3,887,769. La información está disponible en el contrato No. DL-849-28/2024 del 22 de noviembre de 2024, al que Voz Pública tuvo acceso.
La empresa fue contratada de manera directa, a dedo, sin que hubiese competencia. “(…) por medio de la cual se invitó a la sociedad CONSTRUCTORA DISA, S.A. DE C.V., a que presente su oferta técnica y económica, y realice las gestiones y acciones que conduzcan a la consecuencia de los fines del estado, logrando con ello el éxito del proyecto citado (…)”, se lee en el documento que establece un año para la ejecución del proyecto y hasta un 60% del monto total en concepto de anticipo.
Para sortear la Ley de Compras Públicas (LCP) y así adjudicar la obra sin un proceso de licitación previo, el ministerio se abocó al decreto 849, aprobado en septiembre de 2023 y prorrogado desde entonces, creado para la contratación de proyectos relacionadas con el turismo. La normativa prevalece sobre la ley de compras y pide una experiencia previa de la empresa en trabajos con la administración pública. “(…) bastará con la comunicación y aceptación de los contratistas”, cierra el artículo 3, referido a lo que denomina “adjudicación por conexión”.
Los trabajos de la empresa acapararon la atención pública el 9 de noviembre cuando dos trabajadores murieron y tres más resultaron heridos en un accidente en la 6a calle Oriente y 8a avenida Sur de la capital. Aunque la empresa omitió hablar de las causas en los dos comunicados, desde Comandos de Salvamento se indicó que aparentemente se había derrumbado una placa de concreto. La constructora informó de una indemnización para las familias dolientes y apoyo con los gastos médicos de los trabajadores lesionados.
Beneficios para pocos
Desde Acción Ciudadana, una organización que trabaja en contraloría social, se enumeran algunos riesgos que pueden implicar estas contrataciones: sobrecostos al dar una obra por afinidad y no por capacidad, que el dinero público se concentre en pocas manos, mala ejecución al escoger a una empresa solo por obras pasadas, entre otros. También, critica la discrecionalidad con la que se aplica lo relativo a la urgencia que acompaña a este tipo de decretos.
Un empresario de la construcción, que omite su identidad porque es contratista del Estado, califica de abuso estos decretos creados para favorecer “a un par de empresas”. “El uso transparente de los fondos debe incluir la competencia de varias empresas; invitar a una es, en sí, un acto de nula transparencia”, afirma. Considera que hay decenas de constructoras en la misma capacidad de desarrollar un proyecto de cableado como el que se lleva a cabo en el Centro Histórico.
Saltarse la ley que regula las compras públicas es legal gracias a los decretos aprobados y más común de lo que parece. Un reportaje de La Prensa Gráfica del pasado 10 de noviembre revela que $310.6 millones evadieron los procesos y controles previstos en la Ley de Compras Públicas (LCP) en un año. El trabajo tomó en cuenta los $986 millones gastados por los distintos ministerios entre junio de 2024 y mayo de 2025, según la información disponible en las memorias de labores de los ministerios.
Añade que la Asamblea Legislativa aprobó hasta 22 decretos entre enero de 2020 y septiembre de 2023 para no seguir los pasos que indica la ley de compras, que son la competencia y publicidad, que obligan a escoger en función de aspectos técnicos y económicos. El motivo que se esgrime es agilizar los procesos por motivos de urgencia.
Una de las favoritas del MOP
Constructora Disa ha sido una de las empresas escogidas por el MOP para realizar proyectos millonarios sin licitación pública de por medio en los últimos años. Dos de los más importantes fueron la construcción del Cecot y las nuevas instalaciones de la UES con motivo de los juegos centroamericanos.
Para la obra del megapenal de San Vicente, el MOP hizo uso de la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios, de abril de 2022 (decreto No. 357) y así saltarse la LACAP, la ley de adquisiciones y contrataciones en vigor entonces. Disa y dos empresas conexas -Construcciones y Proyectos Diversos, S.A. de C.V. y Project Management de Centro América, S.A, de C.V.- obtuvieron seis contratos. Un séptimo lo logró en una Unión de personas (UDP) con Inversiones OMNI S.A de C.V., otra de las favoritas del gobierno actual. El proyecto tenía un presupuesto de unos $135 millones, como se publicó.
El MOP también le otorgó dos de los ocho contratos a la constructora en cuestión para los trabajos en la universidad pública con motivo de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Se valió de Decreto No. 610 para no seguir los procesos de ley y escoger a la mejor empresa en una licitación pública. El presupuesto asignado era de unos $38 millones.
Donante del partido Arena
La organización Acción Ciudadana indica que Constructora Disa fue donante del partido Arena entre los 2014 y 2021, periodo en el que entregó $67,250, según su base de datos, alimentada de la información que proporcionó ese partido. Otros, en cambio, como Nuevas Ideas, Gana y FMLN se han negado a informar de sus donantes en los últimos años.
Donar y recibir después. La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (Cepa) adjudicó a la empresa hondureña Alutech S.A. de C.V. la ampliación de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador en Asocio Público Privado (APP) en 2021. La firma había donado un $1 millón a Gana, el partido con el que corrió Nayib Bukele para la presidencia, en 2019, como menciona la citada organización.
La Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Compras Públicas (LCP) en enero de 2023. En la sesión plenaria se justificó la nueva normativa que sustituyó a la Ley LACAP con frases como la siguiente del diputado William Soriano. “Ahora, todos van a participar en el sistema de compras con igualdad de condiciones, ya no solo lo harán los grupos empresariales, sino también las microempresas y las mujeres”.
Este medio solicitó una entrevista con el titular del MOP a través del secretario de prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria. A la empresa Disa se le mandó un mensaje desde su sitio web y se llamó por teléfono. La persona que tomó la llamada dijo que entregaría la petición a su superior. Al momento de la publicación, ninguno había atendido la solicitud.
