La CEL tuvo más inconvenientes de los esperados en la construcción de los puentes atirantados en los distritos de Carolina y San Antonio. En consecuencia, hubo atrasos, la obra se entregó dos años y ocho meses más tarde, y la necesidad de invertir más recursos, algo que trató de ocultar el gobierno al manejar un monto que no era. Este medio comprobó que se desembolsaron al menos $46 millones en un proyecto que necesitó cuatro empresas distintas. El monto todavía no es definitivo. Si prospera una demanda en contra de la CEL interpuesta por una constructora mexicana que pide $13.5 millones, el costo total se acercaría a los $60 millones.
El presidente de la república Nayib Bukele informó de una inversión de $24.4 millones en los puentes atirantados sobre el río Torola, al norte de San Miguel, inaugurados hace un mes. “Es una inversión total en este puente de San Antonio de $11.8 millones (…) y de $12.6 millones en el de Carolina”, mencionó el 11 de agosto en dos actos separados, uno en cada distrito. La cantidad es similar a los $24 millones anunciados por el mandatario en febrero de 2022 cuando visitó el lugar para colocar la primera piedra de las obras.
Los puentes son parte de las medidas de apoyo a las comunidades afectadas por el embalse del proyecto de la Central Hidroeléctrica El Chaparral, rebautizada 3 de Febrero. Estas y otras obras aún pendientes están a cargo de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), institución autónoma que se dedica a la generación de energía eléctrica.
Voz Pública verificó el dato de inversión mencionado por el mandatario y confirmó que es falso. Para llegar a esa conclusión, se revisaron informes de auditorías y rendición de cuentas de los años 2022 a 2025, además de los discursos y las publicaciones relacionadas. Una fuente cercana a la autónoma corroboró una parte de la información recolectada.
El monto total invertido en la construcción de los puentes supera los $46 millones, casi el doble de lo anunciado. Este dato no es definitivo y rondaría los $60 millones en el caso de que prospere una demanda judicial en contra de la CEL por parte de la primera de las dos constructoras que intervino en las obras.
El doble del gasto previsto
El monto anunciado por el presidente tanto en 2022 como hace un mes es el que estaba previsto para un proyecto sin contratiempos, algo que no sucedió, como se describe a continuación.
La CEL contrató a la empresa mexicana Contratista General de América Latina SA de CV (CGAL) para la construcción de los puentes en diciembre de 2021. Cumplido el plazo de un año que establecía el contrato, la obra presentaba un atraso evidente. Por desacuerdos con la autónoma, suspendió los trabajos el 26 de marzo de 2023. El vicepresidente ejecutivo del Grupo Tradeco, Ives Lachette Macías, confirmó a Voz Pública que las estructuras presentaban un avance del 80% en ese tiempo aunque arquitectos consultados dijeron que era bastante menor. La CEL canceló $12.7 millones por la obra realizada a la empresa, dijo el directivo por correo electrónico dos años atrás. Una fuente cercana al proyecto validó también ese monto. “Totalmente factible. si solo con los anticipos ya andaban por los $10 millones, más lo que hicieron…”.
Para terminar los puentes, la autónoma escogió a la argentina Industrias Metalmecánicas Especiales (IME) en junio de 2023 y lo hizo por contratación directa, sin competencia. Un informe de auditoría de los estados financieros de la CEL de los años 2023 y 2024 de la firma Elías y Asociados al que tuvo acceso Voz Pública muestra que el monto pagado a la empresa para terminar los puentes fue $23.1 millones en esos años. No se tuvo acceso al monto entregado en 2025 aunque la fuente consultada indica que “tienen que ser mínimo $2 millones sino $3 millones (ya que) el contrato total andaba por los $25 millones”.
En otras palabras, la CEL pagó más dinero por terminar unos puentes que tenían cierto avance que por hacerlos de cero. “Prácticamente, el mismo monto del contrato de CGAL a pesar que la obra ya estaba iniciada y el diseño hecho”, dijo la fuente conocedora del proyecto.
En ese mes de junio de 2023, la CEL contrató, también sin competencia, a la empresa Rodio Swissboring El Salvador S.A. de C.V. para realizar unas obras de protección en las fundaciones de los puentes. El monto ejecutado todo en 2023, según la auditoría, fue $5.6 millones.
Otra inversión nada despreciable fue la iluminación funcional y arquitectónica de los puentes, contratada por separado de la constructora. En el informe de la memoria de labores 2024-2025 se indica que la CEL destinó $2.5 millones al proyecto. Este medio informó de este gasto en una publicación donde se puso de relieve el monto invertido en las luces y la pobreza que existe en el norte de San Miguel, como lo muestra el mapa socioeconómico elaborado por el PNUD. Este municipio ostenta algunos de los peores indicadores de enseñanza en el país, padece un alto déficit de acceso al agua potable y electricidad domiciliar, y uno de cada tres hogares (36%) vive en pobreza multidimensional.
En total, las cuatro contrataciones relacionadas suman $46 millones. Los dos puentes atirantados sobre el río Torola tienen una longitud de 157 y 180 metros. Como aclaración, el monto no incluye obras comunitarias, mejora de caminos o de otro tipo del proyecto El Chaparral.
Litigio legal en marcha
La citada auditoría hace referencia a los procesos legales que la CEL tiene abiertos en el apartado 26. Destaca la demanda interpuesta por la empresa CGAL, la mexicana que inició los puentes, en la que impugna la caducidad del contrato y exige una indemnización de poco más de $13.5 millones. El caso se encuentra en la Cámara Segunda de lo Contencioso Administrativo. En una referencia general a los juicios en proceso, el informe dice “que presentan un 50% de probabilidad de ganarse”. De perder el litigio la institución y verse obligada a abonar la cantidad demandada, los puentes alcanzarían los $59.5 millones.
Como se mencionó, las empresas se contrataron en procesos sin competencia, a dedo. Una declaración de urgencia para las obras relacionadas con el proyecto El Chaparral aprobado por la junta de la CEL en abril de 2020 abre esa vía para, en teoría, agilizar las contrataciones y los proyectos. La realidad fue distinta. Su construcción comenzó a inicios de 2022 y el plazo previsto de un año se alargó tres años y ocho meses.
A la falta de competencia se añade la ausencia de transparencia gracias a que la información del proyecto es reservada desde el 1 de septiembre de 2014. Cuando venció el plazo, la administración actual prorrogó la reserva por otros siete años más.
Brindar datos falsos u omitirlos en este tipo de obras no es algo excepcional en la CEL. Con motivo de la inauguración de la Central Hidroeléctrica 3 de Febrero, más conocida como El Chaparral, en octubre de 2023, ocurrió algo similar. En su discurso, el mandatario omitió decir la inversión ejecutada en su administración para terminar el proyecto hidroeléctrico que, según informes oficiales, recibió en 2019 con un avance en torno al 75%. Con los datos de la inversión pública del Ministerio de Hacienda se comprobó que, a septiembre de 2023, la inversión ejecutada por la administración actual fue de $483 millones. Una cantidad que supera con creces lo invertido en las tres gestiones anteriores, en el periodo de 2008 a 2019.
Para Acción Ciudadana, una organización especializada en contraloría social, este caso es uno más entre las instituciones que publican parcialmente la información oficiosa -aquella que están obligadas por ley-. La experiencia en otros países, añade la fuente, muestra que acciones como las descritas en la obra pública se pueden prestar para actos de corrupción. Para la organización, la Corte de Cuentas de la República tendría que auditar este proyecto con el fin de determinar si los fondos públicos se usaron de forma adecuada.
Acción Ciudadana cuenta con un centro de monitoreo que mide qué tanto las instituciones cumplen la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en lo relativo a publicar y actualizar la información oficiosa. En el Scorecard: Transparencia Activa 2025 que se presentó en agosto pasado, la CEL ocupó la posición 13 de las 38 instituciones evaluadas con el 47% de cumplimiento. En otras palabras, publica menos de la mitad de la información que está obligada por ley.
Voz Pública validó con un economista el método seguido para calcular el monto real de los puentes construidos al norte de San Miguel. También se contactó al jefe de la Unidad de Comunicaciones de la CEL, Armando Godoy, para tener una reacción sobre la inversión en las infraestructuras. Aunque leyó la solicitud enviada por mensajería, no respondió.
