Diputados de Nuevas Ideas insisten en que el Gobierno perseguirá a los funcionarios que cometan un delito, sin importar quiénes sean. La realidad es distinta. Para ALAC-Funde, esa lucha contra la corrupción se centra más en el oponente y no toca a la élite política. Los señalados en la lista Engel y en investigaciones periodísticas tampoco son investigados.
Desde que el presidente Nayib Bukele declaró la “guerra contra la corrupción” el pasado 1 de junio en su discurso en la Asamblea Legislativa, los diputados de Nuevas Ideas (NI) y partidos afines al oficialismo han insistido en que acompañan al mandatario en esa lucha y que este Gobierno no tolerará estas prácticas, sin importar de quién se trate.
“Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción. Estamos aquí para que las leyes se cumplan y que, quien cometió un delito, pague por ello. Venga de donde venga”, dijo Suecy Callejas, diputada del partido oficial y vicepresidenta del Órgano Legislativo, en un video publicado el 23 de agosto en su cuenta de Twitter.
Una semana antes, su colega en la bancada cian, Jorge Castro, aseguró en una entrevista radial en la YSKL lo siguiente: “Ahora tenemos a un funcionario que hace algo incorrecto e inmediatamente se impacta a ese funcionario, como en el caso de la alcaldesa (de Soyapango), como el caso de los diputados”.
En concreto, hay tres diputados de la bancada de Nuevas Ideas a los que la Asamblea les retiró el fuero para enfrentar la justicia. También, la alcaldesa electa de Soyapango guarda prisión a la espera de juicio para responder por supuestos actos de corrupción durante su gestión.
No obstante, existe un grupo de funcionarios de alto nivel denunciados por probables actos de corrupción que parece invisible a los ojos del oficialismo.
La lista Engel, elaborada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, incluye nueve altos cargos, tres de los cuales están fuera del Ejecutivo. También, investigaciones periodísticas han sacado a la luz casos de uso indebido de fondos públicos.
No obstante, existe un grupo de nueve funcionarios de alto nivel (tres de ellos ya sin ejercer el cargo por cambios en el Gabinete)
Adiós a la Cicíes
La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicíes) envió a la Fiscalía al menos 12 avisos de posibles casos de corrupción en cinco carteras de Estado, por irregularidades en compras durante la pandemia. De eso informó el titular de la Comisión, Ronalth Ochaeta, en abril de 2021. Meses antes, la Fiscalía había allanado dependencias de varios ministerios en busca de información vinculada a esos hechos.
En mayo de ese año, en la primera sesión de la nueva Asamblea, la mayoría de diputados conformada por el partido oficial y afines votaron por cambiar al fiscal general y dieron un golpe al sistema de justicia al destinuir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de manera arbitraria y sin seguir el debido proceso, y nombrar a otros afines.
Poco después, la Cicíes fue expulsada del país por el mismo presidente Bukele, pese a haber sido una de sus principales promesas de campaña de lucha contra la corrupción.
Para especialistas en anticorrupción y transparencia, la “lucha contra la corrupción” del Ejecutivo es sólo un discurso presidencial y, contrario a lo que afirman los diputados oficialistas, el “venga de donde venga” sí es tomado en cuenta.
“La lucha se centra en el oponente y no contra todos los actores, especialmente quienes conforman la actual élite política”, dijo Wilson Sandoval, de la oficina ALAC-Funde, quien agregó que en El Salvador no existe una política pública anticorrupción y a eso se suma que instancias como la Fiscalía se encuentran “secuestradas” por el oficialismo.
Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, coincide con él y asegura que “el tema del combate a la corrupción es simplemente un eslogan del Gobierno. Ellos no están combatiendo ninguna corrupción”.
Durante estos cuatro años, la lista de funcionarios señalados por actos de corrupción en investigaciones periodísticas y en la misma lista Engel, un listado estadounidense que se encarga de señalar a actores corruptos y antidemocráticos de los países que conforman el Triángulo Norte, ha ido en incremento y muchos de ellos se mantienen en sus cargos.
Tal es el caso de Osiris Luna, director de Centros Penales; de Francisco Alabí, ministro de Salud; Rolando Castro, ministro de Trabajo; Ernesto Castro, presidente de la Asamblea; Christian Guevara, jefe de fracción del partido oficial; Dania González, diputada de NI, y de funcionarios más cercanos como Carolina Recinos, jefa de gabinete gubernamental.
De hecho, el caso de Recinos es el único que ha sido ventilado en otra instancia pública, pero de menor rango. Recientemente, el Tribunal de Ética Gubernamental resolvió en su contra por haber beneficiado a su nuera con una beca con fondos públicos y tendrá que pagar una multa de $2,433.36.
Voz Pública intentó profundizar en las declaraciones de los dos legisladores citados en esta nota, pero no hubo respuesta de sus equipos de Comunicaciones.
