El exjuez de instrucción Jorge Guzmán y la abogada Bessy Ríos repasan las principales decisiones del Gobierno de Nayib Bukele que socavaron la independencia judicial. En el pódcast de Voz Pública lamentan el silencio de las asociaciones de abogados ante este atropello a la democracia.
Jorge Guzmán, el exjuez del caso El Mozote, plantea que en la administración del presidente Nayib Bukele lo político está sobre las leyes, al grado que “la política ha llegado a pisotear a lo jurídico”. Las normativas legales, apunta, solo se aplican cuando favorecen a las acciones que va tomar el Ejecutivo.
Con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el nombramiento de otros afines, el 1 de mayo de 2021, comenzó la captura del Órgano Judicial como parte del plan de concentración de poder en manos del Ejecutivo. “Ellos llegaron a estos puestos sin cumplir con los procedimientos constitucionales y legales”, dice Guzmán sobre el proceso de elección de los magistrados.
Las reformas a la Ley de la Carrera Judicial del decreto 144, aprobado en agosto del año pasado, supusieron un nuevo golpe a la independencia de ese órgano, plantea Guzmán. Esa medida obligó a los jueces de 60 años o con 30 años de carrera a retirarse de sus funciones bajo el argumento, decían los diputados, de limpiar la corrupción en el sistema judicial.
En esas circunstancias no le sorprende resoluciones de la máxima institución en materia constitucional como la que avaló la reelección presidencial inmediata. “No podríamos esperar otra cosa… fueron puestos para seguir los planes y proyectos del Ejecutivo”, agrega sobre unos magistrados que etiqueta como “impuestos”.
Guzmán fue cesado el pasado 26 de septiembre cuando era el juez de Instrucción de San Francisco Gotera y tenía el caso de la conocida masacre del Mozote y lugares aledaños. “Ya estamos a un año desde que hay una nueva funcionaria judicial en el caso y, hasta este momento, según he tenido noticias, el caso no ha avanzado en lo más mínimo”, critica sobre los efectos del decreto en cuestión.
Una purga, dice Ríos
Para la abogada Bessy Ríos, la destitución de al menos una tercera parte de los jueces a nivel nacional no fue una depuración sino una “purga etaria”. “Cumplís 60 años y te volvés corrupto, porque esos fueron los criterios. Y no lo digo yo, lo dijeron los diputados”, explica sobre el polémico decreto.
Ríos considera que el presidente Bukele ha podido aplicar estas medidas sin mayor problema debido a su alta aprobación. “Cuando vas a hacer esos cambios fuertes en política, hacelos cuando tengás el momento más alto de popularidad”, apunta sobre la estrategia del Gobierno para someter al poder judicial.
Ambos especialistas lamentan el silencio de las asociaciones de abogados y jueces en el país ante los ataques desde el oficialismo a la independencia judicial.
Sus opiniones son parte del pódcast de Voz Pública titulado Un sistema de justicia sumiso al poder político dirigido por la periodista Wendy Monterrosa. En el episodio también participó Wilson Sandoval, abogado coordinador de ALAC, la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción de El Salvador.
Documentar los abusos
Sandoval critica el papel de la Sala de lo Constitucional en torno a la escasa atención que está dando a los habeas corpus en el marco del régimen de excepción. De las 649 solicitudes recibidas, solo una de cada cuatro ha sido atendida, indica sobre ese derecho que tienen las víctimas de una detención.
Recuerda que en algún momento se intentó imponer la narrativa de que el estado de excepción impedía a la Sala resolver este tipo de solicitudes. “La Comisión Interamericana, desde los años ochenta, sostiene que aunque exista régimen de excepción no puede suspenderse una solicitud de habeas corpus”, aclara el abogado.
A pesar de que la Sala no cumpla con su obligación, Sandoval insiste en que es importante presentar estas solicitudes de “auxilio”. “El hecho de que no nos vaya a resolver esta Sala no quita que, en algún momento, el Estado de derecho sea restablecido y que, tal vez, 40 años después se haga justicia. Al final, hay que seguir evidenciando”, sentencia sobre la importancia de documentar las irregularidades que se comenten en el estado de excepción decretado el 26 de mayo y prorrogado cada mes desde entonces.
