A Dolores Almendares, madre soltera y líder sindical de Cuscatancingo, se la llevaron cuatro policías de su vivienda el viernes pasado. Le pidieron que les acompañara para aclarar un asunto en la delegación de Ciudad Futura. Una vez en la PNC, le acusaron de asociaciones ilícitas. En su casa quedaron los cuatro hijos menores y otro con discapacidad intelectual. Sus compañeros de sindicato denuncian la injusticia cometida y piden su liberación.
“Hoy será un día muy triste para mí, ya que no voy a poder tener a mi mamá… Me la quitaron injustamente”. Con estas palabras inicia la carta que Ivania, hija de Dolores Almendares, escribió con motivo del Día de la Madre.
Los días son tristes para los cinco hijos de Dolores que viven con ella, todos menores salvo uno de 22 años con una discapacidad intelectual. También para los otros cuatro ya mayores y criados en una pequeña casa de la colonia Majucla del municipio de Cuscatancingo. Por supuesto, la tristeza está presente en los rostros de los amigos y compañeros del sindicato, del que ella es secretaria general, que se movilizaron tan pronto se enteraron de la noticia y que no han dejado solos a los menores.
A las 8.30 de la mañana del viernes, cuatro policías de la delegación de Ciudad Futura se presentaron frente a la puerta de Dolores. Tocaron primero, gritaron el nombre de ella después y, en algún momento, golpearon con fuerza la puerta de metal a juzgar por las señales en ella.
Los gritos despertaron a Dolores y a varios de sus pequeños. Cuenta Naomi, una de las hijas mayores que vive unos pasajes más bajo, cerca del Centro Escolar Municipal de Majucla, que su madre se encontraba acostada a esa hora, convaleciente de una caída que tuvo al bajar de un bus un par de semanas atrás. Se puso lo que encontró a mano, se calzó unas sandalias y salió a atender a los policías.
Parcos en palabras, los agentes le pidieron que les acompañara para aclarar un asunto en la delegación. Era mentira, una excusa, la misma con la que se han llevado a decenas de personas en las últimas semanas. Dolores les creyó y se despidió de sus hijos ya despiertos. ¡No se preocupen, que ya voy a regresar!, les dijo mientras el de cinco años, el más pequeño, se aferraba a su cuello con un último abrazo.
Dolores no volvió. Cuando Naomi fue a preguntar a la delegación, le dijeron, como les han dicho a tantos, que estaba acusada de agrupaciones ilícitas.
Lolita para los amigos
Dolores Almendares, más conocida como Lolita para los amigos y los compañeros del sindicato, trabaja en la alcaldía de Cuscatancingo desde 2006. Cuenta Naomi que empezó “desde abajo”. Le tocó quebrar piedras que luego se empleaban para la construcción en un predio donde se levantó una planta de reciclaje. Anduvo de barrendera en las calles de la colonia Ciudad Futura y en las urbanizaciones Villa Hermosa y Villa Real. Con los años quedó en el distrito municipal como ordenanza, cargo que mantiene hasta hoy.
Voz Pública conversó con cinco miembros del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Cuscatancingo (SETRAMUC) para conocer más a Dolores, la secretaria general de esa organización que cuenta con unos 80 afiliados, en su mayoría trabajadores de la comuna.
Todos defienden a ultranza a su compañera tanto como madre como sindicalista. Carolina Peña es la secretaria de Asuntos Femeninos. No duda un instante al afirmar que detrás de esa detención hay una “persecución política o podría llamarse sindical” y hace alusión a los tres o cuatro sindicalistas detenidos en los últimos días.
Como los demás, Peña pide que liberen a Lolita, una persona que nunca ha tenido un problema legal. Como ellos, recuerda la injusticia cometida y drama familiar que arrastra esa detención. “El Estado está cometiendo el delito de dejar a estos niños sin la protección de su madre. Ella es madre soltera”, sentencia.
Camino en el sindicalismo
Lolita empezó en el sindicalismo allá por 2008, dos años después de entrar a trabajar a la alcaldía. Pronto empezó a dejar su huella como defensora de los derechos laborales, sin importar la administración a cargo. “En el sindicato no queremos la confrontación, siempre hemos buscado el diálogo, ha sido el ejemplo que Dolores nos ha dado”, resume Francisco Fernández, secretario de Actas y Acuerdos, sobre la línea trazada por su secretaria general.
Dolores es paciente, dialogante y empática con la otra parte a la hora de sentarse a defender derechos laborales, pero no da su brazo a torcer fácilmente. Es inflexible a la hora de reclamar el par de botas a que tienen derecho los empleados o el bono de 50 dólares aprobado en gestiones pasadas y que esta administración de Nuevas Ideas les está negando. Un bono, aclaran los sindicalistas, para los 320 empleados de la comuna que no han visto un aumento salarial desde 2014.
Además de secretaria general en el sindicato de la alcaldía, Lolita es la secretaria de Conflictos de la Federación Sindical de Trabajadores Municipales de El Salvador (FESITRAMES) y de Actas y Acuerdos de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS).
Defender los derechos de los trabajadores le ha granjeado “enemigos” en la administración, en la patronal como dicen los sindicalistas. En esta y en las anteriores. Fernández cuenta que Dolores recibió un salario de 60 dólares en abril, como “castigo” a su labor sindical. “Los permisos se pasan, pero ya vienen las instancias o las jefaturas y no los firman o hacen el proceso muy burocrático, hasta tal punto que dicen que ya estamos fuera de tiempo, que ya no lo va a poder justificar”, comenta sobre la estrategia que sigue la alcaldía.
Quizás eso también explique el comportamiento del alcalde Fernando Rivera y su concejo municipal tras la detención de Lolita. Ni un comunicado diciendo que es trabajadora de esa institución. Ni una bolsa de ayuda a los seis hijos que dejó en el hogar. “La alcaldía ha quedado totalmente en silencio a pesar de que ellos saben que ella es una mujer de carácter intachable”, lamenta su hija mayor.
Voz Pública trató de comunicarse por teléfono a la alcaldía de Cuscatancingo para conocer su postura sobre lo sucedido con Dolores Almendares. Tomaron nota, pero no devolvieron la llamada del área de comunicaciones.
A Corina Cruz le une una larga amistad con Lolita. “Es una mujer humilde con un corazón noble, capaz de quitarse el bocado por dárselo a quien más lo necesite. Muy querida y valorada en su misma comunidad”, afirma Cruz, responsable del área de propaganda en SETRAMUC.
Recuerda sus comienzos en la municipalidad, cuando se iba a quebrar piedras, demostrando que podía hacer el trabajo de los hombres, y luego regresaba a cuidar a los niños. “Sus hijos la extrañan. Este golpe que le han dado es más que todo para sus niños”, lamenta Cruz.
Al referirse a la detención de Lolita, no duda un instante de su inocencia. “Sostengo que es una mujer libre de cualquier culpa y su único delito es luchar por las personas que todavía necesitan más”.
Su hijo, liberado
El martes, tres días antes de su captura, uno de sus hijos fue detenido junto a dos amigos más cuando regresaban a sus casas de jugar un partido de fútbol en la colonia vecina de Ciudad Futura. Serían como las 8:00 p. m. cuando los detuvieron por lo mismo que capturaron a su madre tres días después, agrupaciones ilícitas, recuerda Naomi.
Dolores anduvo el miércoles y jueves en los trámites para demostrar la inocencia de su hijo menor de edad. No los pudo terminar. El viernes en la mañana la detuvieron. El papá del joven tuvo que continuar esa angustiosa tarea. El adolescente salió el pasado lunes en libertad después de seis días detenido. Dolores aún no lo sabe.
Detenciones arbitrarias
El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa, a solicitud del presidente Nayib Bukele, declaró un régimen de excepción que suspendía derechos como la libertad de asociación y reunión, y varias garantías al debido proceso durante 30 días. El objetivo era responder a la ola de homicidios cometidos por las pandillas en los días anteriores.
El 24 de abril, poco antes de cumplirse un mes, la Asamblea extendió 30 días ese régimen. Hasta esta semana, los capturados superan los 27,000 en su mayoría acusados de asociaciones ilícitas. Un delito, el de la pertenencia a una pandilla, castigado con penas de entre 20 y 30 de prisión con las reformas recientes al Código Penal.
Entre las miles de detenciones hay también cientos de denuncias de violaciones a los derechos humanos. En concreto, en el primer mes de aplicación del régimen se registraron 338 por parte de las siguientes organizaciones: Cristosal, FESPAD, SPASS, AZO e IDHUCA.
El 70% de las denuncias en algunas organizaciones corresponde a detenciones arbitrarias y los agentes de la PNC son los señalados en hasta el 80% de los casos. Las detenciones de Dolores y su hijo encajan en ese perfil.
Jonathan Sisco, abogado de Cristosal, asegura que en este régimen de excepción se dan detenciones ilegales, incumpliendo el artículo 13, inciso primero, de la Constitución. Recuerda que para que una persona pueda ser detenida debe existir una orden escrita, dictada por una autoridad judicial. Con las recientes reformas legales, la Fiscalía tiene también esa facultad, pero la orden debe estar por escrito y fundamentada.
Las detenciones de Dolores en su casa o la de su hijo cuando regresaba de jugar fútbol serían ilegales, según el abogado, en la medida que no hay una orden de por medio, menos aún escrita y fundamentada.
La carta de su hija Ivania, de 12 años, por el Día de la Madre termina así: “Espero que esta carta te llegue. Te quiero mucho. Beso y abrazo de toda la familia y de todas, mami. Te amo, abrazos mamá”.
A Dolores no le llegó la carta. Tampoco las noticias de la liberación de su hijo. No le permiten comunicarse con la familia. Otro castigo que sumar a la detención arbitraria.
